El diputado por La Araucanía, José Montalva (PPD), encendió las alertas tras denunciar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) habría instruido la paralización temporal de diversas funciones administrativas. Según el parlamentario, el oficio comenzó a circular el pasado 13 de marzo y ordena a los servicios del ministerio abstenerse de despachar documentación y suspender trámites vinculados a adquisiciones, contrataciones y compras públicas hasta nuevo aviso.
De acuerdo con el documento, la medida busca ordenar y revisar el flujo de documentación institucional y los actos administrativos en tramitación dentro de la cartera. Sin embargo, Montalva advirtió que esta decisión podría tener efectos directos en procesos clave vinculados a la política habitacional.
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El legislador criticó que la instrucción contraste con el mensaje del Gobierno respecto a acelerar la gestión pública. “Mientras el Presidente Kast está en terreno señalando lo importante que es acelerar los procesos, en el Ministerio de Vivienda se envía un instructivo para paralizar todo”, afirmó.
OFICIOS A CONTRALORÍA Y AL MINVU
Ante este escenario, el parlamentario anunció que oficiará tanto a la Contraloría General de la República como al propio Ministerio de Vivienda para solicitar explicaciones sobre la medida y su alcance.
Según explicó, la preocupación radica en que la suspensión administrativa podría afectar áreas sensibles como pagos a proveedores, asignación de subsidios habitacionales y tramitación de programas de vivienda, procesos que impactan directamente a miles de familias y comités habitacionales.
“¿Por cuánto tiempo se paraliza? ¿A qué gestiones específicas se refiere? Hoy eso no está claro”, señaló Montalva, agregando que una decisión de este tipo podría eventualmente contravenir el principio de continuidad del servicio público, especialmente en el contexto de un cambio de gobierno.
IMPACTO EN COMITÉS DE VIVIENDA Y PROVEEDORES
El diputado advirtió además que una detención prolongada de trámites administrativos podría afectar tanto a comités de vivienda que esperan soluciones habitacionales como a empresas proveedoras vinculadas a proyectos del ministerio.
“Los comités llevan años esperando su vivienda y también hay proveedores que dependen de estos procesos. Paralizar los servicios, aunque sea temporalmente, puede afectar la economía y la capacidad del Estado de responder a una de las demandas más urgentes de la ciudadanía: el acceso a la vivienda propia”, concluyó.
