Con la revisión del Capítulo XIII, sobre Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo, y el Capítulo XIV sobre Procedimientos de Cambio Constitucional, finalizan hoy los plenos del Consejo Constitucional, que vota los artículos y enmiendas de los cuatro informes evacuados de las comisiones de trabajo para proponer al país una nueva Carta Magna.
Este sábado 7 de octubre vence el plazo para que el Consejo Constitucional entregue el proyecto a la Comisión Experta, quienes podrán formular distintas observaciones a la propuesta con el objetivo de mejorar el texto, tarea para la cual dispondrán de cinco días (hasta el jueves 12 de octubre) y donde podrán agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes.
LO QUE VIENE
Como el Partido Republicano tiene 22 consejeros, tiene poder de veto y, junto con los 11 consejeros de la UDI, RN y Evópoli podrían bloquear la nueva propuesta de la Comisión Experta. Si eso sucede, lo que no se apruebe o que sea rechazado deberán ser revisado por una comisión mixta, formada por seis integrantes del Consejo Constitucional y seis miembros de la Comisión Experta.
La comisión mixta puede proponer soluciones con el voto de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio, acuerdos que podrá ser aprobado por el Consejo Constitucional con el quorum de tres quintos. De no existir acuerdo, la Comisión Experta deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que éste se pronuncie.
Una vez finalizada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad de ese texto por los tres quintos de los integrantes en ejercicio del Consejo Constitucional. La fecha tope para el trabajo de consejo es el 7 de noviembre. El texto final será sometido a plebiscito el 17 de diciembre.
ENMIENDAS DE LA DISCORDIA
Entre las normas aprobadas por el Consejo Constitucional que generaron más polémica estuvieron la reducción de 155 a 138 de los integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas, el rechazo a la norma transitoria que buscaba la paridad en el Congreso y la exención del pago de contribuciones para vivienda principal.
También fueron altamente criticadas las normas sobre libertad de elección en salud, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, la inexpropiabilidad de los fondos previsionales, y la norma que establece que las personas condenadas a una pena privativa de libertad que tengan una enfermedad terminal puedan obtener la reclusión domiciliaria total, lo que se estima favorecería a los violadores de derechos humanos.
Según las encuestas, hasta el momento lo aprobado por el consejo no obtiene respaldo en la opinión pública.
