Política

Investigación a senadora Flores revive sistema de “cuotas” en el Congreso

Cristian Navarro H.

Periodista

Camila Flores
Foto: Publicado en X por @Cami_FloresO
La investigación a la senadora Camila Flores vuelve a poner en el foco un mecanismo histórico: asesores que devolvían parte de sus sueldos, desvirtuando el uso de recursos públicos.

La investigación a la senadora Camila Flores destapó una vieja práctica que vuelve a tensionar la credibilidad del Congreso: el sistema informal de “cuotas” asociado al uso de asignaciones parlamentarias.

El caso, actualmente en manos de la Fiscalía, no solo apunta a una eventual irregularidad individual, sino que reabre un mecanismo conocido en la política chilena: acuerdos donde asesores recibirían remuneraciones infladas para luego devolver parte de esos montos en efectivo. Este esquema,  que habría operado mensualmente, transforma recursos públicos destinados al trabajo legislativo en fondos de libre disposición, desdibujando su propósito original.

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Bajo esta lógica, la llamada “cuota” funciona como un engranaje informal dentro del sistema de asignaciones. Más que un hecho aislado, se trata de una práctica que ya había sido detectada en investigaciones anteriores, especialmente entre 2009 y 2015, cuando se evidenció cómo algunos parlamentarios utilizaban estos recursos como extensión de su patrimonio o incluso con fines electorales.

El problema de fondo radica en la estructura misma de las asignaciones parlamentarias. Diseñadas para financiar personal, oficinas y gastos operativos, estas herramientas operaron durante años con amplios márgenes de discrecionalidad, lo que facilitó la aparición de mecanismos como las “cuotas”. En algunos casos, incluso se documentaron asesorías inexistentes o triangulación de fondos a través de terceros.

Las reformas implementadas tras esos escándalos, como la creación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y del Comité de Auditoría, cerraron espacios de irregularidad, pero el resurgimiento de denuncias demuestra que el fenómeno persiste.

En ese escenario, el caso de Flores actúa como un síntoma más que como una excepción: evidencia que el sistema de control aún enfrenta desafíos para prevenir prácticas que, aunque conocidas, siguen encontrando formas de subsistir en la gestión de recursos públicos dentro del Poder Legislativo.

 

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