Tratar de pasar todo en un mismo paquete «tiene algo de estrategia tramposa», afirmó el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, respecto del proyecto de Ley Miscelánea impulsado por el Gobierno.
Sostuvo que los temas deben analizarse por separado, cuestionó su diseño y advirtió que podría tratarse de una «reforma tributaria encubierta».
La iniciativa agrupa más de 40 medidas de distinta naturaleza -como reconstrucción, seguridad, permisología y tributación-, en un solo proyecto lo que, a juicio del parlamentario, dificulta una discusión legislativa adecuada.
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En conversación con radio Cooperativa, Soto comentó que el componente tributario del proyecto es el más complejo, porque incluir medidas como la rebaja del impuesto corporativo dentro de una ley de reconstrucción impide un debate transparente y de fondo.
«Debe separarse, postergarse y ser discutido en profundidad», enfatizó.
En ese sentido, dijo «tú no puedes, bajo un escenario de estrechez fiscal, estar disminuyendo 2.800 millones de dólares que van a ir al bolsillo de los más ricos».
Además de cuestionar la coherencia de en ese contexto avanzar en beneficios tributarios a grandes empresas, vinculó el debate con decisiones recientes del Ejecutivo, como el alza de los combustibles, cuyo costo fue traspasado a los consumidores.
A su juicio, durante su primer mes al gobierno le ha faltado empatía y «entender que el rol del Estado es también ayudar en los momentos difíciles, y no solamente traspasar costos».
UNA FUERTE SEÑAL
Además de la Ley Miscelánea, Soto condenó los recientes hechos de violencia ocurridos en recintos educacionales, donde el último fue la agresión a la ministra de Ciencia en la inauguración del año académico de la Universidad Austral. Lo calificó de «inaceptable».
«Yo espero que eso termine, primero, con sanciones penales; segundo, con sanciones también en materia educacional, ojalá expulsiones. La señal debe ser muy fuerte para inhibir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo», afirmó.
Respecto de eventuales sanciones en el acceso a beneficios estatales, como la gratuidad, para alumnos que se vean involucrados en este tipo de hechos. el diputado sostuvo que «yo personalmente no estaría porque se le entregue ese beneficio, al menos mientras no existan garantías de reinserción y respeto a las normas».
