Las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrieron un nuevo flanco para el gobierno en materia de seguridad pública, luego de admitir que el Ejecutivo aún no cuenta con un plan formal de seguridad y que tampoco maneja cifras sobre cuántos detenidos en recientes operativos policiales permanecen efectivamente en prisión.
Durante una entrevista en Radio Pauta, el secretario de Estado defendió la estrategia impulsada por el Ejecutivo y relativizó la necesidad de contar con un documento oficial que sistematice las políticas de seguridad.
“Algunos dicen ‘¿dónde está el plan?’. Pero aquí lo que importa es que se realicen acciones […]. Acá no se trata de tener un documento anillado con el diseño de las políticas en materia de seguridad, acá lo que importa es que las cosas se hagan y, poco a poco, vayan dando resultado”, afirmó el ministro.
Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos por la ausencia de una estrategia integral en seguridad, pese a que esta fue una de las principales prioridades anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
OPERATIVOS SIN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Según explicó Alvarado, la actual estrategia se ha concentrado en la realización de operativos policiales destinados a ubicar y detener personas con órdenes pendientes de captura. El gobierno ha informado al menos cuatro procedimientos masivos de este tipo en distintas regiones del país, con miles de detenidos.
Sin embargo, de acuerdo con información publicada por CIPER Chile, el Ministerio de Seguridad reconoció que no dispone de antecedentes respecto de cuántos de esos detenidos quedaron finalmente en prisión preventiva o cumpliendo condena por delitos violentos.
La ausencia de esos datos impide evaluar el impacto real de los operativos y determinar cuántos de los capturados representaban efectivamente un riesgo para la seguridad pública.
CRÍTICAS POR FALTA DE ESTRATEGIA
Las declaraciones del titular de Interior generaron críticas debido a que la seguridad fue presentada por el oficialismo como el eje central de la actual administración.
Distintos sectores han advertido que, hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo parece centrarse principalmente en operativos policiales de alto impacto, sin que exista claridad sobre una política integral que incorpore prevención, persecución penal, reinserción y fortalecimiento institucional.
Asimismo, especialistas han insistido en la necesidad de contar con indicadores concretos para medir la efectividad de las acciones desplegadas por el gobierno, especialmente en materia de reducción de delitos violentos y reincidencia.
La controversia se instala además en un escenario marcado por la creciente presión ciudadana y política para mostrar resultados concretos frente al aumento de la inseguridad y el crimen organizado en distintas zonas del país.
