La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por Arnaldo Domínguez, asesor del exdiputado Joaquín Lavín León. Su defensa ya anunció que apelará a la Suprema.
Este se encuentra en prisión preventiva en Santiago 1 -a diferencia del exparlamentario, que está en Capitán Yáber-,tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.
La razón del tribunal -integrado por los ministros Guillermo de la Barra, Pablo Toledo y la abogada integrante Paola Herrera- fue que la defensa de Domínguez erró el recurso y la instancia para buscar su salida de la cárcel.
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“Los antecedentes expuestos en el recurso no constituyen una denuncia de hechos que correspondan a aquellos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, deban ser conocidos en esta clase de acciones”, expusieron los magistrados.
“Máxime si, de lo expuesto, se advierte que lo cuestionado corresponde a una resolución judicial respecto de la cual es procedente su revisión y su impugnación mediante los recursos procesales correspondientes, encontrándose, por tanto sometidos los hechos cuestionados al imperio del derecho, bajo la tutela jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía”, agregaron.
De acuerdo con la resolución, el recurso “fue declarado admisible únicamente teniendo en consideración que se alegó que se imputaban hechos que no fueron objeto de desafuero del amparado de ese ingreso, cuestión que no se verifica en el presente caso”.
Se referían en ese punto a que el exdiputado Lavín presentó un amparo similar al de su asesor, que también se revisa durante esta jornada.
EL ROL DE DOMÍNGUEZ
De acuerdo con la Fiscalía, en 2017 Lavín encargó a Juan Silva Morales una serie de trabajos, que este iba facturando al diputado “conforme a las instrucciones que le proporcionaba por intermedio del coimputado Domínguez”.
Entre junio de 2014 y mayo de 2022 el entonces diputado y su asesor se habrían coordinado para defraudar al fisco mediante la contratación fraudulenta de Belén Esperanza Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez, que no cumplió función alguna como asesora.
A través de facturas ideológicamente falsas, conforme al monto mensual disponible en el ítem de gastos operacionales destinado a publicidad del parlamentario, obtenían reembolsos con cargo a fondos públicos del Congreso.
