Nacional y economía

Suprema respalda a TGR por cobros del CAE

Cristian Navarro H.

Periodista

CAE
Imagen referencial creada con herramientas digitales
La Corte Suprema confirmó la inadmisibilidad de cientos de recursos contra la Tesorería General de la República por cobros asociados al CAE, reforzando el criterio aplicado por diversas Cortes de Apelaciones del país.

La Tesorería General de la República (TGR) destacó una contundente victoria judicial luego de que la Corte Suprema confirmara la inadmisibilidad de cientos de recursos de protección presentados por deudores vinculados al Crédito con Aval del Estado (CAE), consolidando así el criterio aplicado previamente por distintas Cortes de Apelaciones del país.

MÁS DEL 70% DE LAS ACCIONES TERMINARON RECHAZADAS

Las Cortes de Apelaciones declararon inadmisibles 1.453 de los 1.968 recursos de protección presentados contra la TGR por materias relacionadas con el cobro del CAE, cifra que representa cerca del 74% del total de acciones judiciales ingresadas.

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La institución informó además que los tribunales sólo declararon admisibles 236 recursos hasta ahora, mientras el resto continúa en distintas etapas de revisión y tramitación judicial.

SUPREMA REFUERZA CRITERIO APLICADO POR TRIBUNALES

La TGR también informó que la Corte Suprema declaró inadmisibles más de 250 apelaciones presentadas por recurrentes, reforzando el criterio jurídico sostenido por los tribunales de alzada respecto de este tipo de acciones.

La decisión del máximo tribunal fue interpretada por la institución como un respaldo a la legalidad de los procedimientos de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior.

En contraste, las principales Cortes de Apelaciones que sí acogieron recursos para su tramitación fueron Talca, con 102 casos; Valparaíso, con 99; La Serena, con 24; y Arica, con 7.

TGR DEFIENDE LEGALIDAD DE LAS COBRANZAS

Desde la Tesorería General de la República señalaron que los resultados obtenidos en sede judicial reflejan la “solidez jurídica” de las actuaciones impulsadas por el organismo en materia de recuperación de fondos públicos ligados al CAE.

La ofensiva judicial de miles de deudores se concentró en cuestionar procedimientos de cobro y actuaciones administrativas de la TGR, en medio del debate nacional sobre el futuro del Crédito con Aval del Estado y los mecanismos de financiamiento de la educación superior.

 

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