La Municipalidad de Santiago abrió una revisión interna a las asesorías jurídicas externas luego de poner término al contrato del exdiputado socialista Osvaldo Andrade, en medio de cuestionamientos por eventuales observaciones de la Contraloría General de la República.
Aunque la legislación permite mantener contratos simultáneos a honorarios en organismos públicos, el municipio detectó riesgos asociados a la naturaleza de las funciones encomendadas al exparlamentario, las que podían superponerse con tareas permanentes de la Dirección Jurídica comunal.
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El convenio con Andrade, renovado por la administración del alcalde Mario Desbordes y valorizado en cerca de $35,8 millones, finalizó el 24 de marzo, mientras crecían las dudas internas sobre el uso de asesorías externas en áreas que ya cuentan con equipos profesionales permanentes.
La revisión también alcanzaría a otros contratos de abogados externos suscritos bajo modalidad de honorarios, varios de ellos estructurados en pagos mensuales cercanos a los $3 millones.
CONTRALORÍA Y FUNCIONES DUPLICADAS
El principal foco de preocupación apuntó a posibles reparos de la Contraloría respecto de las funciones asignadas al exdiputado socialista. El organismo fiscalizador ha sostenido reiteradamente que las asesorías externas deben responder a labores específicas, especializadas y distintas de aquellas que desarrollan habitualmente las unidades municipales permanentes.
En el caso de Andrade, el contrato contemplaba elaborar diagnósticos y propuestas sobre actos administrativos sometidos a la Dirección de Asesoría Jurídica, funciones que en la práctica se relacionan directamente con competencias propias del equipo jurídico municipal.
Dentro del municipio incluso circuló la tesis de que el término anticipado del convenio buscó evitar una eventual profundización de la revisión por parte de Contraloría.
CONCEJALES CUESTIONAN ASESORÍAS EXTERNAS
La situación tomó fuerza luego de que la concejala republicana Carolina Prieto advirtiera la presencia de Osvaldo Andrade entre los asesores municipales, pese a cuestionamientos previos sobre informes similares entregados por el exdiputado en distintas comunas.
El caso además reabrió el debate sobre el uso de asesorías externas millonarias en municipios, especialmente cuando las funciones contratadas pueden coincidir con labores ya cubiertas por departamentos internos.
Andrade mantenía en paralelo un contrato en la Municipalidad de Copiapó, bajo la administración de Maglio Cicardini, por cerca de $20 millones entre enero y junio de 2026, con pagos mensuales superiores a los $3 millones.
