El Gobierno confirmó que retomará el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, luego de meses de paralización por falta de contingente policial. La medida contempla el reinicio de las demoliciones y un despliegue coordinado con Carabineros, municipios y organismos de apoyo social para ejecutar el fallo judicial que ordena despejar el terreno.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que el proceso “se va a reactivar según lo programado y lo indicado por los tribunales”, adelantando que las primeras demoliciones podrían comenzar durante la próxima semana. La autoridad aseguró que el plan habitacional para las familias continuará avanzando, con un catastro que priorizará el orden de inscripción en los comités de vivienda.
GOBIERNO PREPARA OPERATIVO Y DESCARTA DESALOJO ANTES DEL 15 DE JUNIO
Desde la Delegación Presidencial de Valparaíso, Manuel Millones explicó que antes de ejecutar la nueva fase será necesario definir polígonos de intervención junto a Carabineros, notificar previamente a las familias y coordinar apoyo logístico para el retiro de pertenencias y habilitación de albergues.
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La autoridad precisó que el operativo “no será nunca antes del 15 de junio”, debido a la complejidad que implica movilizar recursos policiales y evitar que coincida con otro desalojo pendiente en un terreno colindante perteneciente a Esval, donde también existe una orden judicial que afecta a más de 545 familias.
HABITANTES ACUSAN FALTA DE SOLUCIONES CONCRETAS
Desde el Movimiento de Pobladores Organizados dela megatoma, su representante Gustavo Sepúlveda cuestionó que aún no exista una reunión formal con el Ministerio de Vivienda para abordar alternativas habitacionales y ordenar la situación de quienes integran comités dentro de la toma.
El dirigente acusó desorganización y criticó que, hasta ahora, “todo está a nivel de anuncio”, mientras cientos de familias continúan a la espera de definiciones sobre su futuro habitacional.
EJECUTIVO BUSCA EVITAR CHOQUE DE DESALOJOS
El Ejecutivo también trabaja en la coordinación de un segundo procedimiento judicial en terrenos cercanos, con el objetivo de impedir que ambos desalojos se desarrollen en paralelo. Según las autoridades, la prioridad es garantizar condiciones operativas y de seguridad suficientes para enfrentar uno de los procesos de desocupación más complejos registrados en la región de Valparaíso.
