La aprobación definitiva de la ley “Escuelas Protegidas” abrió un nuevo frente político. Aunque la iniciativa logró una amplia mayoría en el Congreso y quedó lista para su promulgación, parlamentarios de oposición anunciaron que buscarán frenar parte de su aplicación mediante un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que algunas disposiciones vulneran derechos fundamentales.
La norma, impulsada por el Gobierno tras una serie de hechos de violencia en establecimientos educacionales, entre ellos el homicidio de una inspectora en Calama, incorpora medidas para reforzar la seguridad escolar, incluyendo restricciones al acceso a la gratuidad para estudiantes condenados por delitos cometidos en contextos educativos.
CUESTIONAMIENTOS APUNTAN A DERECHOS CONSTITUCIONALES
Desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD y el Frente Amplio sostienen que varios artículos de la nueva legislación exceden los límites constitucionales y podrían afectar garantías básicas de los estudiantes.
La diputada Daniela Serrano confirmó que un grupo de legisladores presentará un requerimiento ante el TC, acusando que durante la tramitación fueron rechazadas propuestas destinadas a fortalecer los resguardos jurídicos y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Según la parlamentaria, la ley genera una doble sanción para estudiantes de menores recursos al establecer la pérdida o imposibilidad de acceder al beneficio de la gratuidad, medida que, a su juicio, afecta el derecho a la educación.
PRIVACIDAD, HONRA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN
Uno de los principales focos de controversia está relacionado con las facultades de revisión de mochilas y con las sanciones asociadas a conductas ocurridas en el ámbito escolar.
El diputado Juan Santana señaló que las reservas de constitucionalidad se fundamentan en posibles vulneraciones a la privacidad, la honra y el acceso a la educación. A su juicio, la iniciativa no solo entra en conflicto con principios consagrados en la Constitución, sino que tampoco aborda de manera efectiva las causas de la violencia escolar.
Pese a estas críticas, el Gobierno destacó que durante la discusión legislativa se incorporaron protocolos para resguardar la integridad de los estudiantes en eventuales revisiones, incluyendo procedimientos en espacios privados, presencia de dos adultos responsables y levantamiento de actas.
DEBATE POR MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES
Otro de los puntos cuestionados por la oposición corresponde a las disposiciones vinculadas a manifestaciones dentro de establecimientos educacionales.
El diputado César Valenzuela advirtió que la redacción de uno de los artículos podría afectar movilizaciones estudiantiles sin distinguir entre acciones pacíficas y hechos violentos. Según planteó, la norma podría generar restricciones indebidas a la participación y organización de los estudiantes.
Mientras el Ejecutivo celebra la aprobación de una de sus principales iniciativas en materia de convivencia y seguridad escolar, el conflicto ahora se trasladará al Tribunal Constitucional, organismo que deberá determinar si las disposiciones impugnadas se ajustan o no a la Carta Fundamental.
Presentaremos un requerimiento ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación de Escuelas Protegidas.
Este proyecto no resuelve ni previene la violencia en las escuelas y pone en riesgo derechos fundamentales. No vamos a permitir que, por un gusto ideológico, se vulnere el… pic.twitter.com/60tI6FS0Aw— Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) June 2, 2026
