En Los Ríos, un sargento de la Armada de Chile es condenado por violación de una subalterna en un «rito de promoción» institucional. La fiscalía pide 10 años.
Lo que agrava aún más este caso es el contexto en que ocurrió: un «rito de promoción». Este hecho, que mezcla el abuso de poder jerárquico con la violencia sexual, es un golpe directo a la línea de flotación de la disciplina castrense y confirma una alarmante tendencia de abusos sistémicos en organismos que debieran ser el pilar de la ética y el respeto.
Una crisis transversal
No podemos mirar estos hecho como un incidente aislado. Lo que estamos presenciando es un colapso en los protocolos internos de control y ética. Ya sea en Carabineros, Gendarmería o la Armada, la sensación de «tierra de nadie» se ha instalado puertas adentro de los cuarteles y comisarías. Los delitos en general han aumentado y ahora alcanza marginalmente a instituciones generalmente muy respetadas.
En todos los casos recientes, el uniforme y la jerarquía han sido utilizados como herramientas para silenciar, manipular o violentar a quienes están en rangos inferiores. Y, cuando se ha denunciado, como en este caso, la víctima es la que termina siendo sancionada.
Las instituciones han fallado en detectar y frenar estas conductas a tiempo. Esto ha obligado a que la justicia civil tenga que intervenir para condenar lo que el mando interno no supo o no quiso castigar. La «guinda de la torta» de esta jornada es la convicción ciudadana de que las instituciones que debían protegernos están, en muchos niveles, necesitadas de una cirugía mayor.
Llamado a la responsabilidad
La pregunta que hoy resuena en los pasillos de las instituciones es quién responderá por estos niveles de podredumbre. La ciudadanía ya no se conforma con disculpas protocolares o con la mención de «investigaciones sumarias» que rara vez llegan al fondo del problema.
Cuando el orden público y la defensa nacional se ven manchados por delitos de esta naturaleza, el daño no es solo a la imagen de las instituciones, sino a la fibra ética de la nación entera. La Armada -al igual que el resto de las ramas e instituciones de seguridad o resguardo-, tiene hoy una deuda pendiente con las víctimas y con un país que exige, de una vez por todas, limpieza, transparencia y justicia real.
La sentencia que ha de recaer en este caso, nos dirá si se ha entendido la urgencia de enmendar rumbos. Mientras la fiscalía pidió aplicar una pena de 10 años y otras accesorias, la defensa solicitó solo 3 años y un día de cárcel.
