La Fundación Hijos y Madres del Silencio manifestó su “profunda preocupación e indignación” luego de que la Subsecretaría de Derechos Humanos resolviera poner término a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares, conocida como UBAFI.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución Exenta N°207, fechada el 22 de junio de 2026. Para la organización, el cierre de esta unidad representa un retroceso institucional en la búsqueda de verdad, justicia y derecho a la identidad para las familias afectadas por adopciones ilegales, forzadas o irregulares.
CONTRASTE CON INFORME DE NORUEGA
La fundación advirtió que la medida se conoció el mismo día en que el Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega entregó a su gobierno un informe final de más de 750 páginas, con un capítulo dedicado al caso chileno.
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La declaración pública señala que el documento noruego identificó el envío de 314 niños y niñas chilenos a Noruega entre 1985 y 2016, en su mayoría recién nacidos y de origen mapuche. Según el texto, gran parte de esos procesos se tramitó a través del juzgado de menores de Temuco.
El comité sostuvo que las autoridades no debieron autorizar la mediación con Chile en ese período, ya que el país estaba bajo dictadura militar y Noruega conocía ese contexto.
DENUNCIAN PATRONES DOCUMENTADOS POR AÑOS
Hijos y Madres del Silencio sostuvo que el informe coincide con testimonios que la fundación ha reunido durante años. Entre ellos, casos de mujeres a quienes se les informó que sus hijos habían nacido muertos, sin entregarles cuerpos ni certificados de defunción verificables.
La organización también señaló que algunas resoluciones judiciales describían a madres pobres, jóvenes e indígenas con lenguaje despectivo, atribuyendo su situación a un supuesto “atraso social y cultural”.
La declaración afirma que el informe noruego reveló un antecedente hasta ahora desconocido: el representante legal que gestionaba adopciones desde Chile hacia Noruega —y que habría recibido hasta mil dólares por cada niño enviado al extranjero— otorgó un préstamo personal a la jueza encargada de decidir qué niños podían ser declarados adoptables y a qué familias se entregaban.
De acuerdo con la fundación, el propio comité noruego calificó esa situación como un riesgo real de corrupción en el proceso.
EXIGEN REVERTIR LA RESOLUCIÓN
La organización sostuvo que el Estado no creó la UBAFI como un gesto discrecional, sino para cumplir un mandato legal fijado en la Ley de Reajuste del Sector Público 2026.
Según la fundación, esa normativa obliga a la Subsecretaría de Derechos Humanos a desarrollar investigaciones administrativas cuando el Poder Judicial lo requiera, junto con entregar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas.
En ese marco, Hijos y Madres del Silencio exigió al Gobierno revertir de manera inmediata la Resolución Exenta N°207 y restablecer la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares con recursos humanos y técnicos suficientes.
También pidió poner en marcha el Banco de Huellas Genéticas, comprometido desde febrero de 2026, y entregar una explicación pública sobre los criterios que llevaron a desmantelar la unidad apenas cuatro meses después de su creación.
La fundación solicitó, además, revisar los casos de adopciones hacia Noruega a la luz del informe NOU 2026:7, en coordinación con la investigación penal que encabeza el ministro en visita Alejandro Aguilar.
“Seguiremos exigiendo lo que corresponde: verdad, memoria, y que ninguna resolución administrativa pase por encima de una obligación legal hacia las víctimas”, cerró la organización en su declaración pública.
Gobierno cierra unidad creada para investigar adopciones ilegales en Chile
La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) fue creada en febrero…https://t.co/aX5ECyE0EZ— Trini Lathrop (@MattyLL) July 1, 2026
