El senador Alfonso De Urresti advirtió que la resolución de la Contraloría sobre la actuación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, no puede quedar “simplemente en un informe más”, luego de que el organismo concluyera que la solicitud de información realizada a la Policía de Investigaciones fue improcedente.
“La resolución de la Contraloría es contundente, aquí se actuó ilegalmente, y esto es muy grave, porque estamos hablando de la ministra de Seguridad Pública, un ministerio clave en la lucha contra la delincuencia”, afirmó el parlamentario.
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El pronunciamiento del ente fiscalizador abrió un nuevo flanco político para el Gobierno, especialmente por tratarse de una cartera creada para encabezar la respuesta estatal frente al crimen organizado y la crisis de seguridad. Según los antecedentes publicados, Steinert solicitó a la PDI información vinculada a funcionarios policiales que habían sido trasladados y que trabajaron con ella cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.
“HAY QUE INVESTIGAR”
De Urresti sostuvo que el caso requiere una investigación más profunda y la determinación de eventuales responsabilidades administrativas o políticas.
“Esto no puede quedar simplemente con un informe más de la Contraloría. Hay que investigar, hay que ver las responsabilidades que corresponden”, planteó el senador.
En esa línea, también emplazó al actual ministro de Seguridad Pública a fijar una posición institucional frente al caso, debido al impacto que este tipo de actuaciones podría generar en las policías y en investigaciones sensibles.
“Creo que también el nuevo ministro de Seguridad tiene que emitir una opinión, porque no podemos improvisar, no podemos, en una mala actuación, terminar dañando a la Policía de Investigaciones, dañando investigaciones que están en curso y, principalmente, debilitando la importancia de la lucha frontal contra la delincuencia”, agregó.
CRÍTICAS DESDE LA CÁMARA
El diputado Daniel Manouchehri también reaccionó al informe y apuntó directamente al uso de atribuciones desde el poder político.
“La exministra de Seguridad de Kast actuó al margen de la ley. Lo dice la Contraloría”, señaló, tras recordar que el pronunciamiento se originó luego del requerimiento presentado por el diputado Raúl Leiva.
Manouchehri afirmó que Steinert pidió a la PDI “los nombres, las cédulas y hasta los antecedentes de los detectives que investigaban al crimen organizado”, en una causa que, según sostuvo, ella misma había llevado como fiscal y donde tenía “un interés personal”.
“Cuando un gobierno usa su poder contra quienes enfrentan a las mafias, el Congreso no puede mirar para el lado”, advirtió.
BRITO PIDE REVISAR EVENTUALES SANCIONES
Desde la comisión de Inteligencia de la Cámara, el diputado Jorge Brito también cuestionó duramente lo ocurrido y sostuvo que la conclusión de Contraloría debe tener efectos concretos.
“Que la exministra de Seguridad del presidente Kast no haya tenido un plan, haya actuado en forma ilegal como reconoce Contraloría, amerita a que no pueda volver a ejercer en el Ministerio Público y, además, la revisión de procesos sancionatorios en su contra”, afirmó.
El parlamentario del Frente Amplio agregó que el caso golpea directamente el discurso oficialista en materia de seguridad.
“No podemos permitir que la seguridad sea hoy custodiada por las policías, los municipios, la comunidad, y este gobierno haga la vista gorda cuando fue su principal promesa de campaña”, sostuvo.
La controversia vuelve a instalar dudas sobre los límites entre conducción política, autonomía policial y resguardo de investigaciones sensibles, en un momento en que la seguridad pública continúa siendo uno de los ejes centrales del debate naciona
La exministra de Seguridad de Kast actuó al margen de la ley. Lo dice la Contraloría, tras el requerimiento del diputado @RaulLeiva.
Steinert le pidió a la PDI los nombres, las cédulas y hasta los antecedentes de los detectives que investigaban al crimen organizado. Una causa… pic.twitter.com/gzDKdhFcG1
— Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) July 2, 2026
