El senador Miguel Ángel Calisto intensificó su estrategia judicial para impedir que la investigación por presunto fraude al Fisco avance hacia un juicio oral. A través de su defensa, el parlamentario ha presentado una serie de acciones legales con el objetivo de frenar el cierre de la indagatoria y suspender el proceso que lidera el Ministerio Público.
La ofensiva comenzó luego de que la Fiscalía diera por concluida la investigación. En una primera instancia, la defensa de Calisto, presentó una cautela de garantías, la que fue rechazada por el tribunal. Posteriormente, interpuso un recurso de amparo y un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
En este último recurso, Calisto sostiene que una disposición del Código Procesal Penal vulnera su derecho a defensa, al impedirle solicitar diligencias investigativas que, a su juicio, podrían desvirtuar las imputaciones formuladas por la Fiscalía antes del cierre de la causa.
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Pese a estos cuestionamientos, el Juzgado de Garantía de Coyhaique resolvió reabrir la investigación a raíz de una solicitud presentada por otro de los imputados, Felipe Klein. En ese contexto, el Ministerio Público también aceptó realizar diligencias solicitadas por la defensa del senador.
«En virtud del principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público, la Fiscalía accedió a practicar diligencias específicas solicitadas por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, relacionadas principalmente con informes periciales y toma de declaraciones», señaló el organismo persecutor.
Sin embargo, la defensa del parlamentario decidió mantener su estrategia ante el Tribunal Constitucional. Ante ello, solicitó la suspensión de toda la causa que se tramita en Coyhaique. Además de frenar el desafuero ante la Corte de Puerto Montt.
Junto con ello, los abogados de Calisto solicitarán al tribunal de alzada que suspenda la audiencia prevista para revisar el desafuero, argumentando que la investigación permanece abierta tras la decisión del Juzgado de Garantía.
Aun así, el escenario judicial del senador continúa siendo complejo. La Corte de Coyhaique y la Suprema ya avalaron el desafuero de Calisto, lo que podría repetirse en esta nueva revisión.
La investigación apunta a un presunto fraude al Fisco reiterado. Esto, relacionado con el pago de asesorías que, según la Fiscalía, nunca habrían sido ejecutadas. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de 12 años de presidio para el parlamentario.







