La controversia por el frustrado uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS profundizó los cuestionamientos contra la ministra del Deporte, Natalia Duco, cuya gestión mantiene una evaluación negativa al interior de La Moneda.
Pese al diagnóstico desfavorable, el Gobierno no evaluaría removerla de manera inmediata. Según fuentes citadas por Radio Bío Bío, la necesidad de resguardar la presencia de mujeres en el gabinete habría postergado una eventual salida, la que podría concretarse durante un ajuste ministerial más amplio.
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El conflicto por la banda surcoreana volvió a instalar dudas sobre la capacidad de la secretaria de Estado para anticipar controversias, conducir negociaciones y resolver problemas antes de que escalen políticamente.
NEGOCIACIONES SIN ACUERDO POR EL ESTADIO NACIONAL
El 27 de marzo, Duco sostuvo una reunión de lobby con Carlos Geniso, dueño y representante legal de DG Medios, para abordar la realización de espectáculos musicales en el Estadio Nacional.
El encuentro se extendió durante una hora y cinco minutos y contó con la participación de más de diez personas. Uno de los principales puntos de discusión fue el eventual daño que los conciertos podrían provocar en la cancha del recinto.
Aunque el Estadio Nacional es administrado por el Instituto Nacional de Deportes, la ministra asumió un papel central en las conversaciones.
De acuerdo con The Clinic, Duco habría planteado a la productora elegir entre las tres presentaciones de BTS, fijadas para el 14, 16 y 17 de octubre, y los conciertos de Iron Maiden, programados para el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
La empresa habría ofrecido aumentar el pago por el arriendo del recinto. En la negociación se mencionó una cifra cercana a los $1.000 millones, además de la reparación de un ascensor de la residencia paralímpica, valorizada en aproximadamente $200 millones.
Sin embargo, las partes no alcanzaron un acuerdo y el conflicto se hizo público cuando se informó que BTS no podría presentarse en el principal recinto deportivo del país.
LA MONEDA HABÍA PEDIDO RESOLVER EL CONFLICTO
Fuentes gubernamentales sostienen que la crisis pudo evitarse. A mediados de mayo, unas seis semanas antes de que el problema alcanzara notoriedad pública, el segundo piso de La Moneda habría solicitado expresamente a Duco encontrar una solución.
La ministra sería contraria a utilizar instalaciones deportivas para eventos masivos ajenos al deporte. Esa posición habría dificultado el cumplimiento de la instrucción política de compatibilizar los conciertos con la protección de la infraestructura.
Las críticas también alcanzaron al jefe de gabinete de la ministra, Rodrigo Haiquel, y al asesor Silvio García, a quienes sectores del oficialismo atribuyen responsabilidad en la demora para destrabar las negociaciones.
POLÉMICAS DESDE EL INICIO DE SU GESTIÓN
Duco enfrenta cuestionamientos desde el anuncio de su nombramiento. Su sanción por dopaje durante su carrera como atleta generó críticas sobre la señal entregada por el Gobierno al designarla como máxima autoridad del deporte nacional.
Posteriormente, su postura frente al rodeo provocó roces con organizaciones animalistas y representantes del sector deportivo.
Desde el oficialismo también cuestionaron su manejo comunicacional y aseguraron que el ministerio respondió de manera tardía y defensiva frente a distintas controversias.
Su desempeño se ha reflejado además en las encuestas, donde se ha ubicado entre las autoridades con menor aprobación desde el inicio del Gobierno.
RELACIONES TENSAS CON EL MUNDO DEPORTIVO
La ministra también mantendría vínculos poco fluidos con instituciones relevantes, como el Comité Olímpico de Chile, el Comité Paralímpico, las federaciones deportivas y el subsecretario Andrés Otero.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío cuestionaron el trato de la autoridad y afirmaron que el ministerio suspendió actividades deportivas debido a restricciones económicas, mientras no habría aplicado el mismo nivel de austeridad en su estructura interna.
También surgieron críticas por la contratación de personas cercanas a la ministra. Entre los casos mencionados aparece Juan Valencia Rivera, jefe de la División de Planificación y Control de Gestión, quien recibe una remuneración bruta mensual de $5.560.969.
Las fuentes vincularon su nombramiento con una relación personal con Duco, aunque esa afirmación no ha sido acreditada públicamente.
UNA SALIDA CONDICIONADA A UN CAMBIO DE GABINETE
En La Moneda reconocen que la evaluación de la ministra es negativa. Aunque el Presidente valoraría su entusiasmo, los resultados de su gestión no cumplirían con las expectativas iniciales.
Duco conservaría, además, el respaldo de integrantes del gabinete, entre ellos el biministro Claudio Alvarado.
No obstante, el principal factor que frenaría su salida sería la composición de género del equipo ministerial. El Ejecutivo buscaría evitar una nueva reducción en la cantidad de mujeres, por lo que su reemplazo se concretaría únicamente dentro de un ajuste más amplio.
Fuentes oficialistas comparan su situación con la de la exministra vocera Mara Sedini, cuya salida habría sido resuelta varias semanas antes de concretarse públicamente.
La crisis por BTS, por tanto, no sería considerada un episodio aislado. En el Gobierno la observan como la controversia que concentró las dudas acumuladas sobre el liderazgo, la gestión política y la relación de Natalia Duco con las instituciones deportivas.
