Política

Sichel enfrenta querella por presunto desacato

Cristian Navarro H.

Periodista

Sichel
Foto: Publicado en X por @sebastiansichel
Power Graphics acusa al alcalde Sebastián Sichel de retirar una estructura publicitaria pese a una prohibición judicial vigente.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella contra el alcalde Sebastián Sichel y quienes resulten responsables por los presuntos delitos de desacato y prevaricación.

Carlos Frings, representante de Power Graphics, presentó la acción tras el retiro de un cartel ubicado en avenida General José Artigas. Según la querella, la Municipalidad de Ñuñoa desmontó la estructura durante la madrugada del 2 de julio, pese a que una medida cautelar del 20° Juzgado Civil de Santiago la protegía.

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Ese tribunal había prohibido celebrar actos o contratos respecto de 20 carteles y siete pantallas digitales mientras resolvía la propiedad de los soportes. La resolución fue notificada al municipio el 27 de mayo. Posteriormente, el juzgado ordenó dar “estricto cumplimiento” a la medida y abstenerse de ejecutar acciones que pudieran vulnerarla.

VERSIONES ENFRENTADAS SOBRE LOS PERMISOS

Power Graphics afirma que operó durante cerca de tres décadas mediante permisos, contratos y pagos municipales. Esta versión contradice la posición del municipio, que ha calificado como ilegales decenas de soportes publicitarios instalados en la comuna.

Para la empresa, la controversia sobre la vigencia de las autorizaciones no facultaba al municipio para retirar las estructuras antes de que la justicia resolviera su propiedad. La querella también sostiene que Sichel habría defendido públicamente los desmontajes durante una sesión del Concejo Municipal.

FISCALÍA DEBERÁ ESTABLECER RESPONSABILIDADES

La acción solicita citar al alcalde, identificar a quienes participaron en el operativo y determinar quién impartió la orden. También pide conocer el paradero de la estructura retirada.

La admisión de la querella no establece culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades, mientras la justicia civil deberá pronunciarse sobre la propiedad de los carteles y la legalidad del régimen publicitario vigente en la comuna.

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