Codelco: El sillón de don Otto Kast
Nos encanta comprar el mito de que cualquier problema doméstico, por complejo que sea, se soluciona con la lógica del remate de garaje. Frente a cada crisis de gestión, el libreto de la ortodoxia de oficina sale a recitar la misma letanía dogmática: si algo no rinde al ciento por ciento bajo la administración pública, no hay que arreglarlo, hay que liquidarlo al mejor postor.
Fiebre privatizadora
El último capítulo de esta fiebre privatizadora nos devuelve al eterno debate sobre las empresas estratégicas y el patrimonio fiscal, con el cobre otra vez en el centro de la pista. Nos bombardean con diagnósticos categóricos sobre las dificultades financieras de Codelco, presentándolas como la prueba reina de que el Estado es un mal administrador por definición.
Pero a los heraldos de la liquidación se les olvida un «pequeño» detalle que respaldan los números fríos: desde su nacionalización en 1971, la cuprífera ha entregado más de 160.000 millones de dólares al Fisco a través de aportes directos, transferencias extraordinarias y la Ley Reservada del Cobre.
Dicho en cristiano: a la gallina de los huevos de oro se le exigió poner huevos todos los días, se le quitaron los granos que necesitaba para comer, y ahora nos sorprendemos porque está flaca. Atribuir su millonaria deuda —que hoy asfixia a la estatal— a la gestión interna es ignorar deliberadamente una historia de asfixia fiscal sistémica. El ejemplo más brutal fue justamente la Ley Reservada, un mecanismo que durante décadas obligó a Codelco a entregar el 10% de sus ventas brutas directamente a las Fuerzas Armadas.
Al quitarle esos recursos incluso en los años de vacas flacas, el Estado le requisó la plata que correspondía a la reinversión y al capital de trabajo. Obligada a autofinanciar al país mientras debía costear en paralelo sus propios megaproyectos estructurales —como Chuquicamata Subterránea o el Nuevo Nivel Mina en El Teniente—, la consecuencia lógica e inevitable fue el endeudamiento.
El Estado no ha dejado invertir a Codelco
Como bien señala el abogado y periodista, Jorge Donoso Pacheco en una carta a El Mercurio, «Respecto de las deudas, ella se deben al hecho de que el Estado retiene el total de las utilidades obtenidas en el ejercicio anual, son cobradas por él y no se deja un margen para hacer inversiones.
Entonces, para invertirse, recurre ineludiblemente a préstamos. Eso no ocurre las empresas privadas. En relación con el aumento de los costos se debe tener en cuenta que las minas son viejas. Las principales -Chuquicamata, El Teniente- tienen más de 100 años y la ley del mineral ha ido descendiendo con la consecuencia del alza de los costos para revertir esta condición, se deben financiar proyectos estructurales
¿Significa esto que no hay problemas de gestión interna o ineficiencias gerenciales en el aparato estatal?
Por supuesto que los hay, y negarlo sería tapar el sol con un dedo. Pero ningún empresario cuerdo vende la fábrica entera solo porque atravesó un bache de liquidez coyuntural provocado por su propio dueño. Echarle la culpa exclusivamente al pato de la boda estatal es una voltereta argumental muy cómoda para justificar el desmantelamiento por decreto.
La ironía de esta crisis adquiere un tinte escandaloso bajo la actual conducción económica de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. A través de su megarreforma tributaria, el Ejecutivo ha impulsado con fuerza la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%.
En términos prácticos, es la renuncia fiscal a recaudar aproximadamente US$4.400 millones mediante una rebaja permanente del impuesto corporativo —vía exenciones y sin obligación de reintegro— una masa de recursos equivalente a casi el 20% de la deuda total de Codelco, transfiriéndola directamente a los sectores privados más privilegiados del país. En otras palabras, la menor recaudación estimada por la rebaja del impuesto corporativo equivale, por sí sola, a cerca de una quinta parte del endeudamiento acumulado de la principal empresa estatal del país.
Mientras la billetera pública se debilita perdiendo ingresos permanentes, los grandes capitales aumentan su rentabilidad a costa del Estado. Si el Estado puede renunciar a recaudar US$4.400 millones, ¿por qué la solución para una empresa con US$25.000 millones de deuda debe ser venderla y no recapitalizarla gradualmente? El mismo Estado que hoy sostiene que Codelco es inviable decide, al mismo tiempo, reducir en miles de millones de dólares sus ingresos tributarios permanentes. No tiene explicación, salvo ideológica.
Retroceso de 50 años
Pretender vender hoy el patrimonio de todos los chilenos para aliviar una deuda que el propio Estado contribuyó a generar no constituye una política de desarrollo. Constituye una solución de caja. No soluciona el problema de fondo, que es la absoluta dependencia estatal de nuestra principal fuente de ingresos.
Desprenderse de la corporación minera, en un país que aún no ha sido capaz de diversificar su matriz productiva y que sigue amarrado a un modelo estrictamente extractivista, no es modernización. Es un dramático retroceso de 50 años en nuestra soberanía económica.
Es, en definitiva, el eterno reflejo del sillón de don Otto llevado a la política pública: si el mueble se ensucia por mal uso, en vez de limpiarlo, lo rematamos en la plaza pública para esconder la infidelidad. Antes de seguir escuchando cantos de sirena privatizadores, la política chilena debe entender que el problema nunca ha sido el sofá. El verdadero peligro es dejar el futuro de nuestra riqueza minera en manos de Don Otto Kast.
