Nacional y economía

“Ley mordaza”: periodistas acusa amenaza al derecho a la información

Santiago Henríquez

Periodista

Ley mordaza
Imagen referencial creada con herramientas digitales
El presidente del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile sostuvo que el proyecto que sanciona la divulgación de antecedentes de investigaciones penales amenaza la libertad de prensa y podría llevar a periodistas y editores a evitar publicaciones de interés público.

Ante la votación prevista para este martes en el Senado, el presidente del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, Rodrigo Mundaca, llamó a rechazar el proyecto conocido por el gremio como “ley mordaza” y advirtió que su aprobación podría generar un grave efecto inhibidor sobre el trabajo periodístico.

“Espero que no se apruebe, porque es una moción que va contra los tratados internacionales suscritos por Chile sobre libertad de expresión y derecho a la información”, afirmó Mundaca, quien mencionó especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú.

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La iniciativa, correspondiente al Boletín 17.484-07, busca fortalecer la protección de antecedentes contenidos en procesos penales y sancionar su divulgación indebida. Sin embargo, el Colegio de Periodistas cuestiona que su redacción no diferencie adecuadamente entre quienes vulneran el deber de reserva y quienes publican información de interés público.

“EL DEBER DE RESERVA CORRESPONDE A LOS FUNCIONARIOS”

Mundaca sostuvo que la responsabilidad por el resguardo de los antecedentes judiciales debe recaer sobre quienes tienen acceso institucional a ellos, como fiscales, policías y otros funcionarios vinculados con una investigación.

“El deber de proteger las informaciones contenidas en los expedientes corresponde a los funcionarios responsables, ya sean de la Policía de Investigaciones, Carabineros o el Ministerio Público”, explicó.

A su juicio, sancionar a periodistas constituye una sobrerregulación, debido a que la Ley de Prensa ya establece mecanismos para que una persona que se considere afectada por una publicación pueda recurrir a los tribunales o solicitar una rectificación.

La posición del dirigente coincide con la declaración pública emitida por el Consejo Regional Metropolitano, que advirtió que perseguir a quienes informan, en lugar de fortalecer los controles sobre quienes filtran desde el sistema judicial, debilita la transparencia y el control democrático del poder.

ADVERTENCIA SOBRE LA AUTOCENSURA

El presidente regional cuestionó el argumento de que existiría suficiente jurisprudencia para impedir que los periodistas sean condenados. Para Mundaca, esa afirmación no elimina el peligro de que reporteros, directores y editores deban comparecer reiteradamente ante los tribunales.

En ese sentido, recordó que el artículo 3 del Código Civil dispone que las sentencias judiciales solamente tienen fuerza obligatoria respecto de las causas en que fueron pronunciadas.

“Al final se puede producir un desfile de periodistas ante los tribunales. Eso genera autocensura, porque un editor puede decidir no publicar una investigación para evitar tener que ir a declarar a un juzgado”, advirtió.

Mundaca aseguró que, pese a una eventual amenaza de condena, los profesionales de la prensa continuarán cumpliendo su función: “Los periodistas vamos a seguir informando, porque nuestro deber es entregarle información relevante al público”.

LLAMADO A PARLAMENTARIOS Y ORGANIZACIONES DE MEDIOS

El dirigente gremial emplazó a senadores y diputados a actuar de manera coherente con sus declaraciones de principios sobre transparencia, libertad de expresión y derecho a la información.

También pidió una participación más activa de la Asociación Nacional de la Prensa y de la Asociación Nacional de Televisión, al considerar que ambas organizaciones deberían manifestarse públicamente y con mayor fuerza frente al proyecto.

Si el Senado aprueba la iniciativa, la Cámara de Diputadas y Diputados deberá continuar su tramitación. Mundaca confió en que los parlamentarios actúen con sensatez y eliminen cualquier norma que pueda criminalizar el ejercicio del periodismo.

“Esta ley no es sensata. Es un empecinamiento que puede terminar castigando a los periodistas y restringiendo el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público”, concluyó.

 

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