La IA tendrá nuevas reglas dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde septiembre, parlamentarios, funcionarios, asesores, practicantes y colaboradores externos deberán informar cuándo utilicen estas herramientas en contenidos vinculados al trabajo legislativo.
La medida quedó establecida en el denominado “Protocolo institucional para el uso de la Inteligencia Artificial”, aprobado por los comités de la corporación. El documento busca establecer criterios de transparencia, responsabilidad y protección de datos frente al creciente uso de sistemas de inteligencia artificial, especialmente aquellos capaces de generar contenidos.
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La normativa abarcará informes, minutas, borradores, presentaciones, análisis, traducciones, resúmenes, comunicaciones y cualquier otro material elaborado en el marco de las funciones de la Cámara, independiente del formato en que sea presentado.
Los cuatro niveles para identificar el uso de IA
El protocolo establece un sistema de sellos mediante colores que permitirá identificar el grado de intervención de la IA en cada documento institucional.
– Verde: no se utilizó inteligencia artificial.
– Amarillo: hubo un uso parcial de IA.
– Rojo: la elaboración tuvo un uso predominante o completo de IA.
– Azul: corresponde a procesos automatizados sin intervención humana.
La normativa establece que, cuando exista duda sobre qué categoría corresponde utilizar, deberá optarse por el nivel superior. Así, si no existe certeza entre un uso amarillo y uno rojo, el documento deberá identificarse con el sello rojo.
Además, quienes recurran habitualmente a estas herramientas tendrán que informar la frecuencia con que las utilizan. Para ello, el protocolo contempla cuatro niveles: ocasional, frecuente, sistemático e intensivo o estructural.
Esta declaración busca facilitar la transparencia, la capacitación, el control preventivo y la gestión de los riesgos asociados al uso de IA.
Responsabilidad seguirá siendo humana
Uno de los principios centrales del documento establece que ninguna herramienta tecnológica podrá reemplazar la responsabilidad de las personas que participan en los procesos institucionales.
El protocolo señala que cada decisión, documento o actuación debe mantener un responsable humano identificable. De esta manera, la IA podrá funcionar como herramienta de apoyo, pero no sustituirá el criterio profesional ni la responsabilidad asociada al ejercicio de la función pública.
Entre los usos permitidos se encuentran la organización de antecedentes, comparación de normas, elaboración de resúmenes sin carácter vinculante, preparación de borradores preliminares, traducciones y estructuración de documentos.
Todos estos usos deberán contar con una revisión humana antes de ser utilizados con fines institucionales.
Qué usos de IA estarán prohibidos
La regulación también establece restricciones. Entre ellas, se prohíbe utilizar IA para elaborar resoluciones administrativas, disciplinarias o sancionatorias sin una revisión jurídica especializada.
Tampoco se podrá utilizar para reemplazar evaluaciones jurídicas o técnicas exigidas por la normativa, ingresar información reservada o datos personales en sistemas no autorizados, evadir controles institucionales o generar contenido engañoso.
El protocolo incluye además la prohibición de producir deepfakes o material político-institucional manipulado mediante estas tecnologías, así como conectar herramientas externas que no cuenten con autorización.
Protección de datos y eventuales sanciones
La Cámara también incorporó dentro de sus principios la protección de información y datos, con especial énfasis en la confidencialidad, la reserva legal y el tratamiento de antecedentes personales y sensibles.
El documento establece que las eventuales infracciones a las normas de transparencia o probidad deberán ser abordadas por los organismos internos correspondientes.
Cuando se trate de situaciones que involucren directamente a diputados, el procedimiento podrá quedar en manos de la Comisión de Ética de la Cámara.
Con este protocolo, la corporación busca establecer una trazabilidad sobre el uso de IA en el trabajo legislativo y delimitar las responsabilidades humanas frente a contenidos elaborados con apoyo de estas herramientas.
