Para la exministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña, solo el despliegue de las Fuerzas Armadas en barrios críticos de la propuesta de seguridad del gobierno requiere modificar la Constitución.
El resto de las medidas, a su juicio, pueden aprobarse por ley.
En conversación con radio Pauta, advirtió que «siempre es muy importante distinguir qué es materia de reforma constitucional y qué es materia de ley»
Respecto de iniciativas como el registro de organizaciones criminales o eventuales cambios al régimen de Gendarmería, aclaró que “no es necesario en este caso intervenir la Carta Fundamental sino que hacerlo por ley”.
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Aclaró, eso sí, sobre el copamiento en 50 barrios, que «no es posible intervenir, porque todo esto parte por la misión de las FFAA… no tienen competencia para intervenir en labores de resguardo como Carabineros».
«REDUNDANTE»
Peña también manifestó reparos a la idea de reformar la Constitución para incorporar expresamente en ella el deber del Estado en materia de seguridad pública, porque a su modo de ver eso ya está contemplado en el artículo 1: “Sería redundante», dijo.
Agregó que «si se comprende efectivamente el alcance que hoy día tiene la seguridad nacional, a mi juicio, una reforma de este tipo no sería necesaria”, sostuvo.
En cambio, propuso reconocer un derecho constitucional a la seguridad. Eso, porque un derecho puede hacerse valer ante los tribunales, mientras que un deber funciona únicamente como orientador de políticas públicas. En ese sentido, puntualizó, “lo que habría que establecer es un derecho a la seguridad en la Constitución”.
Sobre los estados de excepción, advirtió que su lógica «es facultar a la autoridad administrativa para afectar derechos constitucionales. Quien diga que no es así, no entiende la lógica de los Estados de Excepción”.
Para Peña, la Constitución debe adaptarse a los cambios sociales, pero sin convertirse en una herramienta para responder a cada problema contingente.
INVARIABILIDAD TRIBUTARIA
Finalmente, abordó el requerimiento que deberá resolver el Tribunal Constitucional sobre la invariabilidad tributaria y afirmó que, si aún integrara ese organismo, rechazaría la impugnación.
Argumentó que ese mecanismo fortalece la seguridad jurídica y entrega certeza a quienes realizan inversiones de largo plazo. “Yo votaría en contra del requerimiento que pretende impugnar la invariabilidad tributaria”, concluyó.
