El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció una descoordinación dentro del Ejecutivo luego de que el biministro Claudio Alvarado admitiera que desconocía el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una norma del proyecto de Reconstrucción.
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La acción busca impugnar la disposición que establece la obligación de restablecer los servicios básicos en las zonas afectadas por incendios, iniciativa incorporada durante la tramitación de la denominada megarreforma.
García Ruminot admite problemas de comunicación
Consultado sobre el desconocimiento de Alvarado, García Ruminot afirmó que cree en la versión entregada por el biministro y reconoció que existió una falla en los canales internos de información.
«No hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debemos haber tenido», señaló el titular de la Segpres.
El ministro descartó, eso sí, que la situación respondiera a una intención de ocultar antecedentes dentro del Ejecutivo. Explicó que las últimas semanas han estado marcadas por una intensa carga de trabajo, lo que pudo dificultar la coordinación entre las distintas autoridades.
García Ruminot también fue consultado sobre si el requerimiento había sido discutido durante el comité político del lunes. Al respecto, confirmó que la materia sí fue abordada en esa instancia.
Sin embargo, explicó que los ministros suelen entrar y salir de las reuniones debido a sus distintas responsabilidades, por lo que planteó como posibilidad que Alvarado no estuviera presente cuando se trató el tema.
Gobierno explica recurso ante el Tribunal Constitucional
Más allá de la descoordinación que generó el episodio, García Ruminot defendió la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional.
El ministro aclaró que el Gobierno respalda reponer servicios básicos en emergencias, pero cuestiona cómo esta obligación se incorporó al proyecto de Reconstrucción.
Según explicó, uno de los argumentos jurídicos utilizados para recurrir al TC apunta a que la norma no tendría relación directa con las ideas matrices de la iniciativa legislativa.
A esto se suma, según García Ruminot, una preocupación por los plazos establecidos para restablecer los servicios. La disposición fija períodos de 24 o 48 horas, dependiendo del servicio afectado.
El secretario de Estado sostuvo que esos tiempos podrían resultar difíciles de cumplir en determinadas emergencias, especialmente frente a condiciones climáticas adversas.
En ese sentido, mencionó escenarios como lluvias intensas, nevazones y fuertes vientos, situaciones que, a su juicio, pueden impedir que las empresas cumplan con los plazos establecidos.
El episodio vuelve a poner la descoordinación interna del Ejecutivo bajo escrutinio, mientras el Gobierno defiende ante el TC los argumentos jurídicos que sustentan su impugnación.
