Para nadie es un misterio que el escenario para las isapres es crítico. El sistema arrastra una crisis económica durante los últimos años que sólo se ha acrecentado con los dos últimos fallos de la Corte Suprema. El Comité Técnico Asesor, creado principalmente para encontrar una salida a esta crisis, entregó un informe ante la Comisión de Salud del Senado, documento que incluye cálculos y propuestas para buscar una solución para el sistema privado, recordemos que esto se da luego de que un fallo de la Corte Suprema en noviembre de 2022 obligara a las aseguradoras a devolver a sus afiliados los cobros en exceso realizados desde diciembre de 2019, cuando la Superintendencia de Salud dictaminó que las isapres ya no podrían cobrar valores diferenciales por sexo o edad y solo habría una tabla de factores para todos los cotizantes.
El documento plantea una rebaja en la deuda que las aseguradoras deben restituir desde los 1.400 millones de dólares calculados inicialmente por la Superintendencia de Salud a unos 451 millones de dólares. Además, propone un plazo de 10 años para la devolución, con cuotas de 45 millones al año. Durante ese período, las isapres no podrán hacer retiro de utilidades.
Esta rebaja del monto ha provocado una ola de críticas, principalmente porque se habla de un “perdonazo” hacia las aseguradoras. Por su parte, las isapres ya habían alertado sobre la posibilidad de quebrar en caso de tener que solventar completamente la cifra calculada inicialmente, además de ajustar sus actuales planes sin aplicar diferencias de costo por sexo y edad.
Tras conocerse el documento, la ministra de Salud de Chile, Ximena Aguilera, señaló que la nueva cifra será analizada por su ministerio. La secretaria de Estado, explicó que la diferencia del cálculo se debe a que se consideraron variables diferentes en cada caso. “Los supuestos con los que se está calculando por parte de la Comisión son distintos, en el sentido de que el fallo en el cálculo de la Superintendencia fue una aplicación literal y en este caso la Comisión está recomendando que se considere que no haya planes que impliquen un precio o un aporte inferior al 7% (el porcentaje que por ley se descuenta en Chile del salario de los trabajadores para provisión de salud)”, explicó Aguilera.
El documento propone que la restitución del monto adeudado pueda “efectuarse en dinero o en prestaciones o coberturas adicionales”. “La Comisión sugiere que los excedentes producidos por el fallo tengan un régimen especial para esta deuda, con una cuenta individual separada”, dice. Además, propone que “dichos excedentes sean reajustables, pero no generen intereses”.
Superintendente de Salud defiende su cálculo de devolución de isapres
Un paso clave para aplicar la sentencia que mandata a las aseguradoras a utilizar una nueva tabla de factores con todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, era determinar el monto que las isapres deben devolver, labor que estuvo en manos de la Superintendencia de Salud, ente que el pasado 10 de mayo, a través del superintendente Víctor Torres, informó que eran $1.112.615 millones, es decir, más de US$ 1.400 millones.
Pero los expertos convocados, dentro de los cuales se cuentan asesores de todos los senadores de la Comisión de Salud del Senado, así como del Ejecutivo, de algunas universidades y de las propias isapres, volvieron a revisar la cifra y en su informe concluyeron que la devolución que tienen que hacer las isapres es de $402.341 millones, del orden de US$ 451 millones. Una diferencia significativa, pues el nuevo monto propuesto es un tercio del cálculo original.
¿Por qué se produce esa diferencia? Esta es la pregunta que la mayoría de los parlamentarios de la mentada comisión, integrada por Sergio Gahona (UDI), Francisco Chahuán (RN), Juan Luis Castro (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Ximena Órdenes (ind.), querían que el superintendente Víctor Torres respondiera.
A los senadores también les llamaba la atención que el superintendente de Salud hubiera asegurado, en más de una ocasión, que el fallo no se podía aplicar con una cifra más baja.
De hecho, la autoridad señaló a La Tercera el pasado 10 de mayo que “este es el monto más bajo en virtud de todos los criterios que se fueron aclarando durante todo este tiempo. Recordemos que hay elementos que se fueron clarificando por parte de la Corte Suprema y que fueron ordenando la manera en que podíamos llegar a ese cálculo. Ahora, si alguien tiene un cálculo más bajo, sería importante saber qué elementos se consideran y si esos criterios cumplen con lo instruido por la Corte Suprema”.
Y también añadió que no había otras formas para calcular: “Nosotros hicimos modelamientos, pero cuando se fueron clarificando criterios por parte de la corte, se fueron ordenando mucho. Y claro, nosotros al terminar el último modelo pedimos la información a las isapres y ya se hizo el chequeo en detalle con la información que se nos entregó. Entonces, ojo, puede haber muchos modelos, pero el punto es cuál calza con todos los criterios establecidos por la corte”.
Idea que repitió el 16 de junio en La Segunda, cuando consultado si esa cifra podría cambiar, respondió tajante: “No veo por dónde”.
Y tal como lo querían los parlamentarios, el superintendente de Salud explicó este miércoles las razones de esta diferencia, puntualizando que el monto que él entregó en mayo y que repitió en varias oportunidades corresponde a la “aplicación literal del fallo. Yo reiteré en varias ocasiones que la superintendencia no puede interpretar los fallos, tiene que tener un tenor literal y eso nos llevaba a los US$ 1.400 millones”.
En ese sentido, agregó que el trabajo que realizó con los equipos técnicos estaba lejos de ser irresponsable: “Tuvimos una ardua pelea durante enero y febrero por no dar ninguna cifra respecto de cuál pudiera ser el pasivo que se generará por la deuda, por un sentido de responsabilidad. Por una parte teníamos que modelar distintos escenarios y también habían elementos que requerimos que fueran clarificados por la Corte Suprema para ir acotando ese cálculo. Si nos equivocábamos podía impactar en los indicadores que nosotros mismos supervisamos y hacer que alguna isapre cayera en insolvencia”.
Razones de la diferencia
Sobre esta diferencia, la ministra Aguilera explicó que “los supuestos con los que se está calculando por parte de la comisión son distintos, en el sentido de que el fallo en el cálculo de la superintendencia fue una aplicación literal, y en este caso la comisión está recomendando que se considere que no haya planes que impliquen un precio o un aporte inferior al 7%”.
El monto a pagar fue el primer consenso que lograron los expertos del más amplio espectro político. Y es que advierten que calcularon la cifra no de manera literal, sino que pensando en el contexto en que se aplicaría el fallo. Por esta razón, incorporaron dos aspectos a la metodología: la cotización obligatoria del 7% y la mutualización. Al ser aplicados ambos criterios la deuda se cifra finalmente en $402.341 millones, es decir, US$ 451 millones.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, también explicó en Radio Infinita que ”el informe de la comisión de expertos descansa sobre una metodología distinta, y en vez de evaluar caso a caso, evalúa el sistema en su conjunto. Por eso, uno de los elementos que tiene la propuesta es la mutualización; es decir, el efecto que producen todos los seguros, donde en algunos casos unos compensan a otros. Ese elemento no está en la evaluación inicial”.
“El cálculo hecho por la comisión técnica, que por lo demás contó con la presencia de la Superintendencia de Salud, utiliza elementos propios de la legislación vigente como la cotización obligatoria del 7% y las características esenciales de un sistema de seguros como la mutualización de riesgos. Haber lanzado públicamente esa cifra, la de US$ 1.400 millones, sin considerar estos elementos, fue una irresponsabilidad”, criticó, por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI).
Acusan “perdonazo” a las Isapres
El diputado y médico Tomás Lagomarsino (PR) aseguró que “se ha planteado públicamente, lo ha dicho la misma ministra, que el cálculo original partía de supuestos diferentes”.
“Ese supuesto, que ha modelado esta Comisión Técnica, que emitió su informe y lo publicó en la Comisión de Salud del Senado, provoca una disminución efectiva de la deuda porque la deuda original era la aplicación literal y directa del fallo”, añadió.
Además, sobre el comité, dijo que “en ningún caso es una entidad con mandato legal. Es un invento que se realizó, como un traje hecho a la medida, para generar una fórmula que permita un perdonazo”.
Por su parte, el integrante de la Comisión de Salud del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), planteó que “tenemos que estudiarlo más a fondo, pero lo que tenemos claro es que no estamos disponibles para perdonazos a las isapres, es decir, acá las isapres tienen que cumplir el fallo de la Corte Suprema y pagar lo que deben. El plazo se puede conversar, diez años, a priori, a mí me parece mucho”.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que “me llama profundamente la atención el tratamiento técnico que se le da a un fallo del Poder Judicial al disminuir a un tercio la deuda que por el sobrepago tienen las isapres con los usuarios. Me imagino que esto está pensado a la medida de la viabilidad de que se mantengan las isapres”.
De acuerdo a Carmona, “si Fonasa tiene en el aparato público las demoras que tiene (…), ¿qué pasaría si lo presiona todo el traspaso de isapres hacia Fonasa? Aquí el tema de fondo es cómo hay una interpretación que disminuye ostensiblemente la deuda que, sin presión de nadie, la Corte Suprema había resuelto”.
La bancada de diputados socialistas, en tanto, emitió una severa advertencia. “La deuda de las Isapres con las personas no puede terminar pagándola las propias personas. La propuesta que ha hecho la comisión técnica es una mala propuesta. Nos parece que es impresentable que la deuda de las Isapres terminen pagándola los chilenos. Estamos en contra de un perdonazo a las Isapres y creemos que las Isapres deben pagar su deuda que tienen con los chilenos”, dijo el jefe de la bancada PS, Daniel Manouchehri
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), planteó que “la deuda parece bastante reducida en relación a lo que nosotros teníamos entendido (…). Para ser responsables y serios, tenemos que verlo en detalle (…). Aquí lo que no va a haber es ningún tipo de perdonazo a las isapres (…). Nos saltan las preocupaciones con lo que hemos conocido”.
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La encrucijada de La Moneda
En el gobierno aún no ha existido una reunión interministerial para abordar el informe de la Comisión de Salud. La propuesta se encuentra en estudio por parte de algunos integrantes del gabinete y, en especial, dentro del equipo de la ministra Aguilera.
No obstante, la presión oficialista le genera una disyuntiva al Ejecutivo entre ceñirse a la demanda de sus parlamentarios o abrazar la propuesta del Senado, algo que ayudaría a resolver la crisis y evitar la quiebra del sistema.
Este dilema ya ha provocado tensiones en el propio comité político del Presidente Boric
El grupo de ministros más cercano al Mandatario debatió el fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2022 y, a mediados de abril de este año, volvió a invitar a Aguilera, para que presentara el borrador de su propuesta de “ley corta”.
Dicha iniciativa fue rebatida por representantes de Apruebo Dignidad, como la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, quien no compartió que la deuda se rebajara en un 90% para dejarla en US$140 millones. Tampoco tuvo acogida un plazo de pago mayor a los 24 meses.
Desde el entorno de Jara aseguran que ella mantiene su postura de evitar a toda costa una solución que sea vista como un “perdonazo”.
De todas maneras, desde el gobierno plantean que se seguirá actuando bajo tres principios: garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas, velar por la estabilidad del sistema de salud y cumplir con el fallo de la Corte Suprema.
