Un malestar en varios funcionarios municipales en la región de O´Higgins llegó a redes sociales, donde varios de ellos manifiestan su rechazo a contactos o consultas por las gestiones para que las comunas liciten quien o quienes administrarán el estacionamiento de los vehículos con problemas con la ley de Tránsito.
La Contraloría General de la República, mediante el pronunciamiento E142432N25, se refirió a las obligaciones que corresponden a los municipios respecto de la habilitación de servicios destinados a materializar el traslado, depósito y custodia de vehículos retirados de circulación por infracciones a la normativa de tránsito, conocidos como “CORRALES o CORRALÓN”.
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Los comentarios en las redes sociales hablan de “excesivo hostigamiento” y “descriteriadas consultas” cuando se trata de los procesos de licitación de estos espacios en cada comuna.
Según los antecedentes que supo EstaPasando, los municipios de Coltauco, Machalí, San Fernando, San Francisco de Mostazal y San Vicente de Tagua-Tagua están con procesos de apertura de licitación de estos espacios, y la administración suena interesante por el aumento del parque automotor en la región en los últimos años, sean vehículos de uso doméstico o máquinas con dueño comercial.
Un monopolio entregado por el Estado que tienta a muchos, aunque sus particularidades sobre la gestión de este servicio sean diversas y complejas muchas veces.
EL NEGOCIO DEL APARCAMIENTO
La entrega de la licitación para el servicio de traslado, depósito y custodia mueve dinero a diario, y además tiene siempre margen de ganancia al estar vinculado a plazos e intereses en el cobro del aparcamiento. Esto lo hace atractivo, pero contiene muchos elementos a considerar para su correcta gestión y devolución en correcto estado a los dueños de los vehículos. Un servicio que se cree fácil de ejecutar, pero que en la práctica tiene complejidades y situaciones excepcionales.
Por lo mismo, en los pasillos de las Direcciones de Tránsito de los municipios, el servicio “no lo puede hacer cualquiera” y el “papel rinde mucho”, en referencia a que muchas propuestas lucen con muchos beneficios en la presentación y gráfica, pero otro asunto es ya el manejo diario, la coordinación con Carabineros, la atención al público y la disposición de la infraestructura adecuada para un servicio de lunes a sábado.
LOS NOMBRES QUE SE REPITEN EN O´HIGGINS
EstaPasando recibió correos electrónicos y pantallazos de chat (WhatsApp y Telegram) con los comentarios en redes sociales de funcionarios municipales sobre las horas y horas que se pueden gastar algunos “connotados” gestores de intereses en los municipios de la región de O´Higgins.
Uno de los nombres más mencionados en los últimos meses es el del exintendente regional, Wladimir Román Miquel.
Según los relatos, el abogado y exseremi de Transportes y Vivienda en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha sondeado ante distintos municipios de la región sobre las licitaciones de aparcaderos con la finalidad de promover los intereses de una determinada empresa vinculada al proyecto de custodia de vehículos retirados de circulación, pero que viene de otras áreas comerciales.
Román Miquel figura en su perfil de Linkedln como asesor jurídico de Áridos San Vicente hace 7 años y en su perfil asegura tener una “experiencia en dirección de proyectos de alto impacto público. Especializado en negociaciones complejas en materia ambiental, conflictos socioambientales, permisos administrativos en materia ambiental y urbanística, dirección y asesoría declaraciones de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental, además de planificación estratégica para minimizar riesgos asociados” asegura y remata con que es “miembro del Colegio de Abogados de Chile.”
LOS COMENTARIOS SOBRE ROMÁN MIQUEL
En los correos electrónicos y en comentarios en redes sociales, al exintendente se le señala por realizar reuniones, contactos y/o encuentros con funcionarios municipales sin que esas citas sean registradas en la plataforma legal y correspondiente de la Ley del Lobby (ley 20.730).
Y el problema para esos funcionarios es que si hay una fiscalización de la Contraloría o el Consejo para la Transparencia, a ellas y ellos se les acusara por no anotar públicamente estas gestiones en dicho registro, ya que son realizada con el interés económico de intervenir con decisiones municipales de la licitación del servicio de CORRALES o CORRALÓN.
Según los comentarios, los encuentros informales, en restaurantes o lugares de libre concurrencia, se realizan para pedir concretamente el interés particular de convencer que se elija a la empresa “SAN VICENTE SUSTENTABLE SpA”, que recién este año su denominación a “CUSTODIA SAN VICENTE SpA” y ampliado su objeto o giro comercial para incorporar actividades relacionadas con el depósito y custodia de vehículos retirados de circulación.
Y si uno busca las sociedad relacionadas a estos dos RUT comerciales llega nada más y nada menos que a Áridos SAN VICENTE, de propiedad de José Messen, jefe de un conocido grupo económico de la Región de O’Higgins relacionado con la actividad de extracción de áridos.
A Messen se le acuso de erosionar el Río Cachapoal en la extracción de arios desde la ribera, loque produjo la modificación del curso del agua en donde tras la intervención el año 2023 de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
LOBBYSTA CUESTIONADO EN OTROS MUNICIPIOS
Román Miquel también fue cuestionado por su contratación en la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, vía la Orden de Compra N.º 4371-288-TD26.
La prestación de servicios durante cinco meses será con pagos mensuales de $1.767.543, lo que representa un desembolso total de $8.837.715.
La contratación habría sido fundamentada bajo la categoría de “proveedor con alto grado de especialización”, mecanismo que permite contratar directamente cuando las capacidades o conocimientos requeridos justifican la elección de un profesional determinado.
De acuerdo con la información difundida, Román prestará asesoría en materias de derecho administrativo, contratación pública, normativa ambiental, gestión territorial y procedimientos vinculados con proyectos de inversión.
La amplitud de estas funciones abre preguntas sobre los productos concretos que deberá entregar, los objetivos establecidos por el municipio y la forma en que será evaluado el cumplimiento del contrato.
EstaPasando intentó hasta el cierre de esta nota contactar al abogado Román, pero no pudo ser ubicado para entregar sus impresiones.
