Política

Exdirector de Cicitem Antofagasta en prisión preventiva por malversación

Está Pasando

Cicitem
Foto: Reporte Minero
Según el Ministerio Público, realizó más de 300 transferencias desde cuentas institucionales a cuentas personales por un monto cercano a 729 millones de pesos.

Rubén Rojo Maturana, exdirector el Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (Cicitem) de Antofagasta, fue formalizado por delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.

Según el Ministerio Público, entre 2022 y 2025 realizó más de 300 transferencias desde cuentas institucionales a cuentas personales por un monto cercano a 729 millones de pesos.

El Juzgado de Garantía consideró que la libertad del imputado constituía peligro para la seguridad de la sociedad.

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Según el fiscal regional, Juan Castro, “lo que se investiga en este caso son operaciones realizadas desde cuentas institucionales a cuentas corrientes del imputado por una suma cercana a los 729 millones de pesos”.

De acuerdo con la indagatoria, los fondos provenían de recursos fiscales recibidos por Cicitem a través de convenios con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Más de 105 operaciones fluctuaban entre 3 y 6 millones de pesos cada una.

La investigación reveló que Rojo también utilizó tarjetas de crédito institucionales para fines particulares, principalmente en casinos de juegos.

PERJUICIO PATRIMONIAL

Asimismo, la Fiscalía también imputó al exejecutivo la contratación de un crédito bancario por $180 millones a nombre de Cicitem, operación que, según los antecedentes expuestos, habría sido utilizada para intentar cubrir parte de los fondos previamente sustraídos.

El crédito fue posteriormente prorrogado y reestructurado, lo cual generó nuevas obligaciones para la corporación, situación que a la postre habría provocado un perjuicio patrimonial significativo para la entidad.

Con estos antecedentes, la Fiscalía atribuyó al imputado, responsabilidad como autor del delito reiterado y consumado de malversación de caudales públicos y privados, además de un delito consumado de administración desleal.

El tribunal otorgó un plazo de investigación de 90 días y decretó prisión preventiva por peligro de fuga y riesgo para la seguridad pública.

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