El ministro Martín Arrau explicó los tres ejes que se presentarán para la tramitación de la reforma constitucional en seguridad que impulsa el Gobierno y que ingersará mañana al Senado.
El secretario de Estado explicó que la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo incluye, entre otras acciones, «una serie de proyectos de ley, incluso de reformas constitucionales, como la de los 180 días de retención migratoria que va avanzando, y una segunda que va a ingresar en estos días».
Añadió que la reforma que ingresará al Congreso busca tres elementos clave.
Lea también: Arrau llama a “la calma” ante críticas a la reforma de seguridad
El primero es «incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional, un deber del Estado».
Segundo, la idea es «crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, con un régimen penitenciario especial, evitando tener que demostrar la existencia del mismo cada vez, y ahí es donde queremos que en una ley especial se discuta la posibilidad de restringir el acceso a algunos beneficios sociales en una ley especial, y para eso se requiere algún grado de habilitación (constitucional)».
Como tercer punto Arrau detalló «la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública».
Sobre ese punto destacó el diálogo prelegislativo, «donde el proyecto, por supuesto, que se ha ido puliendo, mejorando, y va a ser ingresado en los términos que se ha ido señalando y que serán públicos el día de mañana».
PÉRDIDA DE DERECHOS
Arrau fue consultado si la pérdida de derechos de salud va a estar en una ley especial o en la reforma de seguridad.
Al respecto explicó que la idea del gobierno es que, «tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos, para ser director de escuela».
Agregó que «va a incorporar la posibilidad que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares, no generales (…) de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero».
«Por tanto -reslató-, van a quedar entregadas a una discusión de una ley particular con la necesaria habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo».
