El diputado Jaime Bassa (FA) ofició a distintos organismos públicos para solicitar antecedentes sobre la tramitación ambiental y urbanística de Alto Santorini, iniciativa de Inmobiliaria Lote 21 SpA, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado el pasado 23 de junio -a pesar de los reparos que le ha hecho sostenidamente el Sernageomin-, y cuyo diseño y construccción están ligados al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a través de su hermano Víctor.
El proyecto contempla una torre de 15 pisos y 177 departamentos y está emplazado a solo un metro del polígono protegido del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.
Lea también: Kast defiende a la prensa y rechaza acusaciones de un gobierno “iliberal”
No es el único que pide respuestas. El diputado Daniel Manouchehri (PS) ya adelantó que oficiará a la Contraloría General de la República por lo que considera «algo gravísimo. El plan de Quiroz para destrabar proyectos benefició un negocio de 43 millones de dólares para su propio hermano”.
EL COMITÉ DE PROYECTOS
Se refería a la estrategia encargada por el ministro de Hacienda para acelerar permisos ambientales de proyectos de inversión. Este contempla un sistema de monitoreo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su posterior análisis en un Comité de Proyectos en el SEIA, compuesto por las subsecretarías de Economía, Interior, Medioambiente y Hacienda. La instancia no cuenta con actas públicas, expuso Ciper Chile.
Ahí es donde se aprobó el proyecto liderado por Víctor Quiroz, hermano del secretario de Estado.
En 2023, tras el socavón que afectó a un edificio ubicado en el sector de dunas en Reñaca, el proceso de evaluación de Alto Santorini fue suspendido y se reanudó en julio de 2024. Once instituciones plantearon observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental. Los representantes del proyecto pidieron ampliar el plazo de respuesta a esos reparos y el plazo finalmente se extendió hasta el 31 de marzo de este año, cuando Jorge Quiroz ya había asumido como ministro de Hacienda del nuevo gobierno.
De acuerdo con el medio citado, Víctor Quiroz hizo lobby, se reanudó la tramitación ambiental de la iniciativa y se entregaron las respuestas a las observaciones. Pero, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) no levantó sus reparos.
En ese sentido, Manouchehri cuestionó pfrecisamente que el proyecto fue aprobado “pese a las advertencias de Sernageomin por riesgo de derrumbes en las mismas dunas del socavón” y cuestionó el funcionamiento del comité encargado de destrabar iniciativas.
“Con un comité dirigido desde Hacienda que no fue creado por ley y sin actas públicas conocidas. Vamos a oficiar a la Contraloría para que investigue y nuestros equipos jurídicos van a analizar todos los antecedentes. Quiroz tiene que dar explicaciones al país”, sostuvo.
LA OFENSIVA DE BASSA
En la misma línea, el diputado Bassa solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental el expediente íntegro del proyecto y su Resolución de Calificación Ambiental, además de las actas, minutas y materias abordadas en las reuniones de lobby relacionadas con la iniciativa.
Asimismo, pidió informar si existieron abstenciones, solicitudes de inhabilitación o protocolos de prevención de conflictos de interés asociados al vínculo familiar entre el ministro de Hacienda y el arquitecto Víctor Quiroz.
“Dada la importancia que tiene el Campo Dunar para el medio ambiente y considerando los antecedentes que rodean la tramitación de este proyecto, corresponde despejar cualquier duda de irregularidad», afirmó el parlamentario.
Recalcó que «cuando existen reuniones previas con autoridades que después deben pronunciarse sobre un proyecto y, además, hay un vínculo familiar directo entre quien participa de su diseño y un ministro de Estado, la transparencia y la probidad deben estar especialmente resguardadas. Nuestra labor fiscalizadora consiste justamente en pedir los antecedentes, revisar cómo se tomaron las decisiones y dar garantías a la ciudadanía de que se actuó con absoluta imparcialidad”.
El oficio contempla además requerimientos a la Superintendencia del Medio Ambiente, el ministerio de Vivienda y Urbanismo, las seremis que participaron en la evaluación y la Delegación Presidencial Regional.
