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Jueza federal anuló suspensión de trámites de visas de Trump a 75 países

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Foto: Publicado en X por @StateDept
La prohibición ​​del mandatario había suspendido los visados ​​de residencia permanente para las personas que se reunían con familiares o que aceptaban trabajos en EE.UU.

Una jueza federal  anuló la suspensión de los trámites de visas para la residencia permanente en Estados Unidos impuesta en enero a 75 países, asestando otro golpe a la agenda antiinmigratoria de Donald Trump.

En su fallo, Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York, declaró que la política era «contraria a la ley» y que excedía la «autoridad legal» del secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida, vigente desde el 21 de enero, suspendía la tramitación de visas de inmigrante, a diferencia de las visas de no inmigrante que permiten la entrada temporal al país, y afectaba, entre otras, a las solicitudes de ciudadanos de Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

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El Departamento de Estado elaboró ​​la lista a partir de datos del Consejo de Asesores Económicos, centrándose en países donde más del 30 % de los hogares inmigrantes recibían algún tipo de asistencia pública.

Había justificado la decisión alegando que los inmigrantes de estos países representaban «un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas».

La mayoría de los 75 países son del Caribe, África subsahariana, los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático.

UNA POSIBLE «CARGA PÚBLICA»

Sin embargo, la jueza dictaminó que se había ordenado indebidamente a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando se había determinado que este cumplía con los demás requisitos.

Según la ley, un inmigrante solo puede ser rechazado por ser una posible “carga pública” (alguien que se espera que dependa del apoyo del Gobierno) después de que un funcionario consular evalúe las finanzas, la edad, la salud, las habilidades y la situación familiar de esa persona.

Para Vargas, en la práctica, los funcionarios estadounidenses tenían la orden de rechazar las visas de los solicitantes, incluso de aquellos que podían mantenerse por sí mismos, basándose únicamente en el país de origen.

La prohibición ​​suspendió los visados ​​de residencia permanente para las personas que se reunían con familiares o que aceptaban trabajos en EE.UU., pero no se aplicó a los visados ​​de no inmigrante, como los de turista o de estudiante.

Según CNN, un cable que Rubio envió a todas las misiones diplomáticas y consulares, y que quedó registrado en el expediente del caso, ordenaba a los funcionarios que rechazaran a los solicitantes incluso cuando alguien “presentara pruebas adicionales que demostraran que superaba la objeción por ser considerado carga pública”.

“El resultado está predeterminado”, escribió Vargas. “La visa será denegada”.

POLÍTICA ANTIINMIGRACIÓN ILEGAL

Según ella, esta política contravenía una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas, así como una disposición aparte que niega al secretario de Estado cualquier injerencia en la forma en que los funcionarios consulares deciden los casos individuales.

Para defender su postura, el equipo legal de la administración se basó en una decisión de la Corte Suprema de 2018 que ratificaba la tercera versión de la prohibición de viaje impuesta por Trump durante su primer mandato, la cual impedía la entrada a ciudadanos de varios países, la mayoría de ellos de mayoría musulmana.

Sin embargo, la jueza afirmó que ese caso giraba en torno al poder del presidente para decidir quién podía entrar al país, mientras que el caso de la prohibición de visas se centraba en una cuestión diferente: si se podía emitir una visa en absoluto.

Vargas, designada por el expresidente Joe Biden, dio a ambas partes hasta el 11 de septiembre para proponer cómo resolver lo que queda del caso. La administración puede apelar el fallo.

Desde su regreso al poder, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también ha restringido significativamente la entrada legal de extranjeros.

Varias de sus medidas más emblemáticas han sido anuladas por los tribunales.

 

 

 

 

 

 

 

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