El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió nuevamente la agenda de seguridad del Gobierno y llamó a sus críticos a centrar el debate en la evidencia y la experiencia internacional, más allá de las disputas políticas.
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Durante un nuevo comité policial junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), Arrau sostuvo que el Ejecutivo busca establecer la seguridad pública como un deber del Estado y fortalecer la persecución del crimen organizado y el terrorismo.
El ministro también respaldó la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, argumentando que el país requiere herramientas adicionales para enfrentar situaciones vinculadas al crimen organizado.
Arrau abre la puerta a modificar los plazos
Respecto de las críticas al período de duración propuesto para el estado de excepción, Arrau aseguró que el Gobierno mantiene una posición flexible.
«Somos prácticos respecto de plazos, por supuesto que somos flexibles», afirmó, recalcando que el objetivo del Ejecutivo está puesto en establecer un mecanismo eficaz y no en mantener un plazo específico.
El secretario de Estado agregó que existe disposición para conversar con los parlamentarios y realizar modificaciones que permitan mejorar la iniciativa.
Críticas por las libertades
Arrau también respondió a quienes cuestionan la eventual afectación de libertades que podría generar la reforma.
El ministro planteó que el debate debe considerar las condiciones que actualmente enfrentan quienes viven en sectores afectados por el crimen organizado.
En ese sentido, llamó a sus críticos a observar directamente la realidad de los barrios y cuestionó que algunas opiniones se construyan sobre una visión «ideal» del país.
«Pareciera que hablamos de un país ideal cuando se critican estas reformas pero se desconoce la realidad», sostuvo.
Gobierno mira experiencias internacionales
El titular de seguridad también defendió la propuesta de crear un listado de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.
Según Arrau, mecanismos similares existen en países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e India, por lo que aseguró que Chile no estaría implementando una herramienta aislada.
El ministro sostuvo además que la situación que enfrenta Chile forma parte de un fenómeno presente en distintos países de Latinoamérica, marcado por el avance del crimen organizado y los problemas de control en fronteras y cárceles.
Finalmente, Arrau insistió en que el debate debe alejarse de la «crítica rápida y el cálculo político» y enfocarse en la realidad, la evidencia y la experiencia internacional.
El Gobierno, afirmó, mantiene su disposición a dialogar para perfeccionar las propuestas de seguridad actualmente en discusión en el Congreso.
