La presidenta del Senado Paulina Núñez vuelve a marcar límites con reforma de seguridad de Kast. Esta vez reveló que parlamentarios oficialistas advirtieron hace semanas al Gobierno que parte de la propuesta carecía de viabilidad.
Su crítica se suma a los reparos surgidos desde distintos sectores de la derecha, que respaldan la agenda de seguridad, pero no entregan un cheque en blanco a La Moneda.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), volvió a poner presión sobre la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno. La senadora reveló que parlamentarios oficialistas conocieron el primer borrador hace unas tres semanas y advirtieron entonces que una de sus principales propuestas no tenía viabilidad legislativa.
“Nos dimos cuenta que el Estado de Excepción no iba a volar, no tenía posibilidad ni realismo legislativo”, afirmó este domingo en Mesa Central de Canal 13. «El Ejecutivo tiene el deber de construir una mayoría (…) más que andar uno por uno», cuestionó.
La declaración agrega un antecedente relevante a la controversia. Los cuestionamientos que hoy enfrenta la iniciativa no surgieron solamente después de su ingreso al Congreso. Según Núñez, el Ejecutivo conocía previamente los reparos existentes dentro de su propio sector.
“No podemos votar cualquier cosa”
La senadora relató que, tras conocer el borrador, sostuvieron reuniones con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y generales de Justicia de las Fuerzas Armadas. “Apenas lo conocimos supimos que eso no flotaba”, sostuvo.
Núñez insistió en que existe disposición para entregar mejores herramientas al Estado frente al crimen organizado. Sin embargo, separó ese objetivo del respaldo automático a los mecanismos escogidos por La Moneda. “No podemos votar cualquier cosa”, sentenció.
La diferencia no es menor, pues la reforma necesita 29 votos en el Senado y el Gobierno no cuenta por sí solo con ellos. Pero antes de buscar apoyos fuera de sus filas, enfrenta reparos entre parlamentarios que comparten buena parte de sus objetivos en materia de seguridad.
Núñez ya había advertido que mantener el nuevo estado de excepción podía dejar a la reforma sin respaldo suficiente incluso dentro del oficialismo. También cuestionó la falta de trabajo prelegislativo del Ejecutivo.
Los reparos crecen desde la derecha
La posición de la presidenta del Senado no constituye un episodio aislado. Durante las últimas semanas distintas voces de RN, la UDI y Evópoli han marcado diferencias con iniciativas o con la conducción política del Gobierno.
Los cuestionamientos han provenido incluso desde sectores jóvenes de la UDI. Mauricio Cárdenas, presidente de Nuevas Generaciones del partido, criticó recientemente la lenta instalación del Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos institucionales de extender excesivamente los estados de excepción.
A ello se suman los reparos formulados por dirigentes de los propios partidos oficialistas frente a la reforma constitucional de seguridad. Las críticas han apuntado a su preparación, su viabilidad política y algunos de sus alcances institucionales.
El fenómeno, sin embargo, no supone necesariamente una ruptura con el Gobierno. Buena parte de quienes han levantado estas objeciones comparte el diagnóstico oficialista sobre delincuencia y crimen organizado y respalda el fortalecimiento de las capacidades del Estado.
La diferencia aparece al momento de definir hasta dónde llegar y mediante qué instrumentos.
Lealtad no significa subordinación
Ese matiz permite entender el creciente debate dentro de la derecha sin confundir discrepancia con deslealtad.
Núñez no plantea abandonar la agenda de seguridad. Por el contrario, ha defendido avanzar en ella y propone fortalecer herramientas ya existentes. Lo que rechaza es que compartir un objetivo obligue a respaldar cualquiera de las fórmulas propuestas para alcanzarlo.
La discusión comienza así a dibujar una frontera dentro del propio oficialismo: apoyo al Gobierno y a sus objetivos, pero autonomía para establecer límites cuando sus iniciativas generan reparos políticos, jurídicos o institucionales.
La advertencia deja ahora el problema en manos del Ejecutivo. Para sacar adelante su reforma no solo necesita alcanzar los 29 votos. También deberá hacerse cargo de las objeciones que una parte de su propio sector asegura haberle planteado antes de que el proyecto comenzara siquiera su tramitación.
