Fonasa presentó una querella criminal contra cinco prestadores de salud por presuntas irregularidades en la emisión de bonos de atención.
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La acción judicial apunta a establecer eventuales responsabilidades por un posible fraude de subvenciones que habría generado un perjuicio cercano a $8 mil millones.
La querella fue presentada contra quienes resulten responsables por los hechos que actualmente son investigados por el Ministerio Público.
Según los antecedentes expuestos, los prestadores habrían captado pacientes de los tramos B, C y D que acudían para realizarse exámenes.
Sin embargo, las empresas presuntamente habrían efectuado hasta 25 pruebas adicionales sin informar previamente a los pacientes.
Estos procedimientos habrían sido incorporados dentro de paquetes de exámenes previamente establecidos, según los antecedentes de la investigación.
De acuerdo con la estimación incluida en la acción judicial, las operaciones investigadas podrían haber significado un perjuicio fiscal cercano a $8 mil millones.
Fonasa ya había denunciado los hechos
El pasado 7 de agosto, Fonasa presentó una denuncia ante el Ministerio Público por estos mismos antecedentes.
En esa oportunidad, el organismo advirtió que los hechos investigados podrían revestir características de delito y afectar gravemente el patrimonio del seguro público de salud.
La entidad sostuvo que el eventual perjuicio también comprometería recursos destinados a financiar la atención de sus beneficiarios.
Con la nueva querella, Fonasa busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar quiénes podrían tener responsabilidad en las operaciones cuestionadas.
El organismo reiteró su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos destinados al seguro de salud.
También enfatizó la necesidad de proteger el patrimonio del Fondo, que pertenece a más de 17 millones de beneficiarios.
Organismo colaborará con investigación penal
Desde Fonasa señalaron que continuarán entregando al Ministerio Público los antecedentes que sean necesarios para esclarecer las operaciones investigadas.
La institución también comprometió su colaboración activa con la investigación penal actualmente en curso.
El organismo recalcó que la inclusión de personas o entidades en la investigación no significa que exista una responsabilidad penal determinada.
Según precisó, cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida exclusivamente por los tribunales de justicia.
