Argentina elevó la presión sobre las empresas que exploran hidrocarburos en las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía disputa con Reino Unido. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó investigar a directivos y accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, compañías involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion.
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini y surgió tras una denuncia del canciller Pablo Quirno y del procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio. La investigación busca establecer una posible infracción a la Ley 26.659, además de determinar si existieron delitos ambientales, aduaneros o de lavado de activos.
INVESTIGACIÓN PODRÍA ALCANZAR A PROVEEDORES
La solicitud de Stornelli no se limita a las empresas operadoras. El fiscal pidió identificar a accionistas, representantes y terceros que hayan prestado apoyo logístico, financiero u operativo al proyecto desarrollado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
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También requirió antecedentes sobre las licencias concedidas por las autoridades británicas de las islas y solicitó activar mecanismos de cooperación penal internacional con Reino Unido. Algunos de los delitos analizados contemplan penas que, en conjunto, podrían alcanzar los 20 años de prisión, aunque los investigados no han sido condenados.
MILEI PREPARA NUEVAS SANCIONES
La acción judicial coincide con la preparación de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno de Javier Milei prevé enviar al Congreso. La iniciativa busca ampliar las sanciones vigentes contra quienes exploren o exploten petróleo, gas y recursos pesqueros sin autorización argentina.
Entre las medidas consideradas figuran multas, inhabilitaciones, restricciones para contratar con el Estado y el decomiso de embarcaciones o capturas. Las sanciones también podrían extenderse a filiales, accionistas, directivos y proveedores relacionados con las operaciones cuestionadas.
PETRÓLEO AUMENTA LA TENSIÓN BILATERAL
El proyecto Sea Lion representa el principal foco de la controversia. Mientras Argentina considera que las compañías extraen recursos nacionales sin autorización, Reino Unido y las autoridades de las islas sostienen que las actividades se desarrollan bajo licencias legítimas.
La ofensiva impulsada por Buenos Aires incorpora además vigilancia marítima, tecnología satelital y el fortalecimiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia. De esta manera, el reclamo argentino suma herramientas económicas, judiciales y estratégicas que podrían abrir una nueva etapa de tensión con Londres.
NUEVAS DENUNCIAS A EMPRESAS QUE QUERRÍAN EXPLOTAR RECURSOS ILEGALMENTE EN NUESTRAS ISLAS MALVINAS
Para nuestro Gobierno es una convicción irrenunciable. Por historia y por derecho, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas.
El Gobierno Nacional está… pic.twitter.com/q3VAMPtmK7
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 15, 2026
