La política chilena parece padecer un recurrente síndrome de amnesia histórica, acompañado de un afán refundacional que cambia de protagonistas, pero no necesariamente de método. Cada sector que siente soplar el viento a su favor parece tentado a dejar su propia interpretación del país grabada en leyes, nombres, monumentos y espacios que pertenecen a todos.
La reciente propuesta de la diputada Ximena Ossandón (RN), orientada a rebautizar la región Metropolitana como «región Metropolitana del General Manuel Baquedano», ofrece una buena muestra. Resulta además paradójica, porque aparece precisamente cuando el monumento al general ya ha vuelto al lugar que históricamente le corresponde: la Plaza Baquedano.
No existe allí una deuda toponímica que reparar. Baquedano ya tiene una plaza que lleva su nombre y fue precisamente en ella donde estuvo emplazado su monumento durante décadas. Su restitución recupera una continuidad histórica interrumpida. Pretender extender ahora su nombre a toda la región constituye algo distinto.
A ello se suma un antecedente que tampoco puede ignorarse. La figura de Baquedano no concita una valoración histórica unánime. Su participación en las campañas militares de Malleco y Renaico durante la denominada «Pacificación de la Araucanía» —hoy estudiada también como ocupación militar del territorio mapuche— ha sido objeto de controversia entre historiadores y de fuertes cuestionamientos desde sectores del pueblo mapuche. Existe discusión sobre el alcance de su responsabilidad personal, pero no sobre la violencia y el despojo territorial que acompañaron aquel proceso histórico.
Precisamente por eso, extender su nombre desde una plaza a toda la región, mediante el Proyecto Baquedano, deja de ser un simple homenaje: supone convertir en denominación oficial una determinada lectura de la historia que una parte del país legítimamente no comparte.
La pregunta, entonces, no es si Manuel Baquedano merece reconocimiento histórico. Tampoco si su monumento debió regresar. La pregunta es por qué convertir el nombre de la región más poblada y compleja del país en otro campo de batalla de una disputa política contemporánea.
«Los fundamentos»
Conocidos los fundamentos del Proyecto Baquedano, la controversia simbólica deja poco espacio para la interpretación. Su autora sostiene que «cada nación debe de tanto en tanto recrear la magia de los símbolos» y plantea la necesidad de «revisar y poner al día» las instituciones en que descansan nuestros símbolos y héroes. Más adelante condena los procesos de «resignificación» porque, afirma, quien resignifica estaría pisoteando el significado que esos símbolos han tenido para generaciones.
La paradoja resulta difícil de soslayar. Para reparar lo que el propio proyecto considera una indebida resignificación de Baquedano y su plaza, propone crear una denominación que nunca tuvo la principal región del país. Es decir, para impedir que otros resignifiquen un símbolo, el proyecto propone resignificar una región completa. Y lo hace afirmando además que el retiro del monumento nos quitó «a todos» un elemento constitutivo del sentimiento nacional, convirtiendo así una determinada valoración histórica de Baquedano en una memoria necesariamente compartida por el conjunto del país.
El refundacionalismo por turnos
No hace tanto tiempo buena parte de la derecha cuestionaba —con razones atendibles— el impulso refundacional que acompañó al estallido social y luego al primer proceso constitucional. La hoja en blanco terminó convertida no solo en un mecanismo jurídico, sino también en la expresión de una época que creyó posible comenzar nuevamente la historia.
Hubo entonces una pulsión por reemplazar símbolos, cuestionar instituciones, modificar nombres y revisar hasta el lenguaje con que Chile se había entendido durante décadas. Una mayoría circunstancial confundió el resultado de un plebiscito con un mandato para refundarlo todo.
El desenlace es conocido. La ciudadanía que había entregado un respaldo abrumador a la idea de cambiar la Constitución rechazó después, también de manera contundente, el texto que pretendía reemplazarla. Las mayorías demostraron ser bastante menos permanentes de lo que algunos habían imaginado.
Aquella experiencia debió dejar una enseñanza elemental: ganar una elección o conseguir circunstancialmente una mayoría no entrega propiedad sobre la historia ni sobre los símbolos comunes. Sin embargo, la tentación parece haber cambiado simplemente de domicilio político.
Sectores que ayer denunciaban la obsesión refundacional comienzan hoy a involucrarse en sus propias batallas simbólicas. Aparecen disputas sobre expresiones culturales, la defensa política de determinadas tradiciones y ahora la propuesta de rebautizar una región completa con el nombre de un héroe militar.
Cambió el cura, pero no la liturgia.
La diferencia está en los símbolos escogidos y en la interpretación histórica que se pretende reivindicar. El mecanismo, sin embargo, empieza peligrosamente a parecerse: aprovechar un determinado momento político para instalar en el espacio común una determinada visión de país.
La ilusión de transformar la realidad
Las guerras culturales tienen una enorme ventaja para la política: permiten exhibir convicciones profundas a un costo extraordinariamente bajo. Cambiar un nombre, defender un símbolo o disputar una tradición produce identidad, adversarios y titulares. Permite delimitar rápidamente un «nosotros» y un «ellos». Gobernar los problemas reales exige bastante más.
La región Metropolitana no cambiará porque cambie su nombre. Sus habitantes seguirán enfrentando delincuencia, congestión, segregación territorial, contaminación, déficit habitacional y desigual acceso a servicios públicos aunque cada documento oficial incorpore desde mañana el nombre del general Baquedano.
Y allí aparece quizás el problema de fondo. Cuando la política pierde capacidad para transformar la realidad, aumenta su tentación de transformar los símbolos. No se trata de negar su importancia. Los símbolos importan precisamente porque representan una memoria compartida que ninguna generación construyó por sí sola. Por esa misma razón deberían administrarse con prudencia y no convertirse en trofeos que cambian de manos según quién gane la última elección.
La verdadera memoria no se decreta
La memoria histórica y el respeto por quienes forman parte de ella se preservan mediante instituciones sólidas, educación, conocimiento y mesura republicana. No necesitan saturación nominal ni revanchas legislativas. Mucho menos necesitan que cada mayoría circunstancial vuelva a escribir sobre la anterior.
Pero la memoria no se manipula únicamente agregando nombres o levantando símbolos. También puede intentarse lo contrario: hacerlos desaparecer. La decisión del presidente José Antonio Kast de prescindir del acto oficial con que sus antecesores conmemoraron el 11 de septiembre expresa la misma tentación desde la dirección opuesta. Incluso Sebastián Piñera, un presidente de derecha, utilizó esa fecha para hablar de los «cómplices pasivos» de la dictadura, incomodando a sectores de su propia coalición. Recordar institucionalmente el quiebre democrático no pertenece a la izquierda ni a la derecha: pertenece a la democracia.
Se puede eliminar una ceremonia de la agenda presidencial. Lo que no se puede eliminar es una fecha que quebró la institucionalidad chilena y marcó durante décadas la vida del país. La memoria tampoco se borra por omisión.
Porque allí está la paradoja que nuestra política parece empeñada en no advertir: quienes ayer quisieron comenzar desde una hoja en blanco terminaron derrotados precisamente cuando confundieron una mayoría electoral con un mandato cultural ilimitado. Quienes celebraron aquella derrota harían bien en no cometer ahora el mismo error desde la vereda contraria.
