El vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, advirtió que el Estado todavía no cuenta con una institucionalidad suficiente para proteger a los persecutores amenazados durante el ejercicio de sus funciones.
Según explicó, actualmente existen 18 fiscales bajo amenaza en el país. Algunos investigan causas relacionadas con el crimen organizado, homicidios y narcotráfico, mientras que otros tramitan delitos de distinta naturaleza.
“Yo creo que falta mucho. Falta una institucionalidad que proteja a los fiscales, especialmente a aquellos que están trabajando en la persecución de bandas o del crimen organizado”, sostuvo Bravo.
PROTECCIÓN MÁS ALLÁ DE LOS TRIBUNALES
El dirigente gremial afirmó que las medidas de seguridad suelen activarse una vez que la amenaza ya ocurrió. A su juicio, el Estado debe desarrollar una política preventiva que abarque los lugares de trabajo, los desplazamientos y el entorno familiar de los fiscales.
“Una cosa son las presiones legítimas y otra cosa son las amenazas. Frente a ellas, uno no solamente piensa en su integridad, sino también en la familia y en su entorno”, señaló.
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Bravo explicó que algunos persecutores cuentan con protección personal durante las 24 horas y que, en ciertos casos, esta medida se ha mantenido durante un año. Sin embargo, aclaró que se trata de situaciones puntuales.
También mencionó problemas cotidianos que pueden transformarse en riesgos. Como ejemplo, indicó que la Fiscalía Centro Norte dispone de 28 estacionamientos para cerca de 90 fiscales, lo que obliga a muchos funcionarios a dejar sus vehículos fuera de recintos protegidos.
La asociación realizará próximamente una nueva encuesta nacional para actualizar la información sobre amenazas y detectar los principales puntos vulnerables. Un estudio anterior identificó episodios principalmente durante las audiencias o en las inmediaciones de los tribunales.
CASO FODICH CAUSA SORPRESA ENTRE FISCALES
Bravo también abordó la investigación contra el exfiscal Vinko Fodich, quien se encuentra en prisión preventiva por una causa relacionada con secuestros extorsivos y lavado de activos. El exintegrante del Ministerio Público fue detenido junto con funcionarios activos de la Policía de Investigaciones. CIPER informó que la investigación está a cargo de la Fiscalía Supraterritorial.
El vicepresidente de la asociación calificó el caso como “sorpresivo y sorprendente”, pero recordó que Fodich abandonó el Ministerio Público hace aproximadamente 15 años y desde entonces ejercía privadamente como abogado.
Bravo planteó que las organizaciones criminales pueden buscar a exfiscales por su conocimiento del funcionamiento interno del sistema y por los contactos profesionales establecidos durante sus años de servicio.
Respecto de los funcionarios de la PDI involucrados, destacó que la propia policía detectó las presuntas irregularidades y colaboró con la Fiscalía para destapar el caso. Afirmó que los fiscales deben trabajar con confianza en las policías, aunque reconoció que algunas personas pueden apartarse de los estándares exigidos a un funcionario público.
REFUERZO DE CONTROLES Y MODERNIZACIÓN
Bravo aseguró que el Ministerio Público dispone de sistemas internos que registran los accesos a las carpetas investigativas y permiten detectar actuaciones irregulares. Agregó que el plan de fortalecimiento institucional aumentó las atribuciones del fiscal nacional y creó nuevas instancias de supervisión.
La institución cuenta actualmente con cerca de 800 fiscales. Durante este año ingresaron 70 nuevos persecutores y el plan contempla completar 205 incorporaciones durante los próximos tres años, con lo cual la dotación se acercará a los mil funcionarios.
Finalmente, Bravo descartó que portar armas constituya una práctica habitual entre los fiscales. Aunque reconoció que el agravamiento de la criminalidad podría abrir ese debate en el futuro, manifestó su rechazo personal a esa posibilidad.
“Soy abogado, no policía. No me gustan las armas ni me interesa andar armado”, enfatizó. No obstante, insistió en que el Ministerio Público y las policías necesitan modernizar sus tecnologías y técnicas investigativas para enfrentar organizaciones criminales que ya no pueden combatirse con las herramientas utilizadas hace una década.
