Argumentando que el Gobierno lo presentó como una coordinación voluntaria, pese a que contiene compromisos sobre soberanía, minerales críticos, inteligencia y seguridad que debieron pasar por el Congreso, diputados de la oposición presentaron un recurso ante la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.
Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC) cuestionan su legalidad puesto que, a su juicio, más que un acuerdo es un “tratado internacional” que debió pasar por el Parlamento, por lo que el presidente José Antonio Kast se habría excedido en sus atribuciones.
Los legisladores apuntaron a que la forma en que el Gobierno chileno comunicó la adhesión difiere de la declaración conjunta publicada en Estados Unidos.
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La primera informó que Chile se incorporaba a un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos” para combatir el crimen organizado transnacional, mientras que la “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica” -suscrita por los 15 países participantes- establece tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral. Incluye materias como cadenas de suministro de minerales críticos, intercambio de inteligencia y una solicitud ante la OEA para estudiar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas en el marco del TIAR.
Para los parlamentarios, el acuerdo no se limita a cooperación policial contra el crimen organizado y en ese sentido citan la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Aseguran que lo importante no es cómo se llame un acuerdo, sino los compromisos que genera entre los Estados.
«UN TRATADO ENCUBIERTO»
Para el diputado Luis Cuello, “en este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, pues si bin habla de la “intención” de adoptar determinadas medidas y acciones, varias de ellas están definidas con suficiente precisión y ya tendrían efectos concretos.
“El gobierno ha engañado a los chilenos, poniendo en riesgo el cobre y el litio ante una potencia extranjera que ya se ha apropiado ilegalmente de las reservas de petróleo de otro país”,enfatizó.
Otro punto cuestionado es que se hable de “soberanía hemisférica”. Según los parlamentarios, la expresión sería incompatible con el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación.
También aseguran que hay dos áreas específicas donde los compromisos asumidos tocarían materias reguladas por ley: minerales críticos y seguridad.
En este último punto “el acuerdo suscrito por Chile busca la implementación de un mecanismo que facilita la operación de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional”, acusó Cuello.
Los legisladores pidieron al organismo fiscalizador que requiera a Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums que formen parte del Escudo, además de los actos administrativos adoptados a partir de él.
