El secuestro del Chile real no es un acto más de violencia del Tren de Aragua. No. Es la situación en la que se encuentra el ciudadano en nuestro país que ha votado por hastío y rechazo desde hace años y no por convicción absoluta.
Más allá de la batalla por el pasado, el Chile de hoy atraviesa una profunda orfandad política, marcada por la intolerancia y la desconexión de sus élites. La crisis no radica solo en la tecnocracia insensible o el populismo estridente que contaminan el debate público. Se extiende a la incapacidad de los bloques políticos para sintonizar con las verdaderas necesidades de las grandes mayorías.
Paradójicamente, algunas organizaciones y grupos tampoco escaparon a esa desconexión. Instrumentalizaron los derechos humanos como coartada para justificar una agenda antisistema. Lo vimos durante el estallido social, cuando millones de personas se movilizaron pacíficamente buscando la esperanza de un país más justo.
Grupos violentistas terminaron secuestrando las calles y aplicaron una violencia ciega que castigó precisamente a quienes decían defender. El trabajador, el estudiante y la dueña de casa se quedaron sin transporte, sin comercio de barrio y con su entorno destruido. La violencia terminó desplazando las demandas de quienes habían salido legítimamente a manifestarse.
Lo vemos hoy, cuando una mayoría parlamentaria circunstancial busca imponer un modelo ideológico y cultural que aparece en las encuestas y en las calles ampliamente rechazado. Cuando la opinión del otro no importa, menos la del Congreso al cual Kast desde que era candidato no le pareció «tan relevante» hasta el hoy presidente que le molesta estar consultando todo con las cámaras del Congreso.
Las urnas tampoco tienen dueño
Esta desconexión estructural volvió a aparecer en los procesos constitucionales, secuestrados por pequeñas minorías ultraideologizadas que se creyeron dueñas de una voluntad popular que exigía otra cosa. El mismo electorado que abrió por amplia mayoría un proceso constituyente rechazó después una propuesta identificada con la izquierda y, más tarde, otra dominada por la derecha. No cambió tres veces de ideología: cambió su voto.
Las dos presidencias recientes, tanto la de Gabriel Boric como la de José Antonio Kast, cometieron el mismo pecado de soberbia. Interpretaron porcentajes de segunda vuelta, construidos en buena medida con votos de legítima defensa democrática, rechazo al adversario o simple mal menor, como un cheque en blanco. Confundieron una mayoría electoral circunstancial con una mayoría política propia.
El equipo cercano a Boric creyó que su 55,87% representaba una mayoría de izquierda; Kast al parecer interpretó su 58% como una mayoría de derecha. Pero no todos quienes votaron por Boric eran de izquierda ni todos quienes respaldaron a Kast eran de derecha. Ninguno podía apropiarse políticamente de esos porcentajes.
El Chile que queda afuera
Al intentar ejecutar sus respectivas guerras culturales, ambos ignoraron a ese Chile real que no necesariamente vive en las trincheras. Un país que puede votar hoy por una alternativa y mañana castigarla sin haber cambiado por ello sus convicciones esenciales. Son ciudadanos que votan también por hastío, miedo, esperanza, rechazo o simplemente porque consideran que la otra alternativa es peor.
Ese ciudadano no es propiedad de la izquierda ni de la derecha. Tampoco pertenece al Presidente por quien circunstancialmente depositó un voto. Sin embargo, después de cada elección, los vencedores parecen empeñados en incorporarlo a un ejército en el cual quizás nunca se enroló.
Allí comienza la orfandad política. Millones participan, votan, castigan y vuelven a elegir, pero terminan sin encontrar una alternativa que los represente genuinamente. Mientras tanto, partidos y dirigentes continúan hablando en nombre de ellos.
¿Dónde está la salida?
Hoy, en el corto plazo, parece no haberla. Proponer diálogo, desarmar maquinarias de odio y volver a la calle a escuchar a la gente suena idealista, casi carente de asidero en la realidad actual de algoritmos y trincheras. Sin embargo, rendirse a ese pesimismo significa entregarles definitivamente el futuro.
La reconstrucción del tejido cívico no vendrá de los extremos que instrumentalizan el dolor ni de partidos atrapados en su propia burocracia. Requerirá, tarde o temprano, una paciente búsqueda de acuerdos, despojada de violencia verbal y anclada en la realidad cotidiana.
Para ello, la política tendrá primero que abandonar la pretensión de interpretar cada victoria electoral como una escritura de dominio sobre los ciudadanos. Porque ganar una elección no entrega la propiedad de quienes votaron. Quizás sea hora de que la política deje de secuestrar al ciudadano para comenzar, simplemente, a escucharlo.
