Cuando las aguas aparentemente se calmaban en la relación de Chile con Buenos Aires tras una seguidilla de declaraciones de militares trasandinos que ponían en entredicho la soberanía de nuestro país sobre el Estrecho de Magallanes, el acuerdo firmado por Kast con Milei genera una amenaza de un incidente no deseado con Argentina. Ello surge tras una revelación de inteligencia chilena sobre un probable “evento crítico” a fin de año en ese territorio, que vuelve a encender las alarmas.
¿El motivo? El zarpe de un buque comercial desde Punta Arenas hacia Puerto Stanley (llamado Argentino por Buenos Aires) en las Islas Malvinas (Falkland).
Con el viaje del Danstar, nave de 72 metros de eslora de bandera chilena, la naviera Easter Island tiene presupuestado establecer un servicio de conexión marítima entre esos dos destinos para ampliar las alternativas logísticas para el abastecimiento del archipiélago y generar nuevas oportunidades para la movilización de carga.
Alude a la ventaja en ese sentido ante Montevideo, en Uruguay, para ser el «supermercado» del archipiélago: la distancia a recorrer es de aproximadamente 1.100 kilómetros menos a favor de la ruta chilena.
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De acuerdo con radio Bío Bío, que cita fuentes de inteligencia, la inauguración de esa ruta podría aumentar las fricciones que ya existen entre Chile y Argentina y con el zarpe de esa nave podría producirse un incidente.
Estas plantearon además que, si bien se evaluó hacer el recorrido a través del Mar de Drake para evitar algún altercado internacional, se descartó, porque podría leerse como una renuncia a la soberanía chilena. De ahí que el viaje se hará por el Estrecho de Magallanes.
El punto son las 12 millas de mar territorial argentino que hay que atravesar una vez que el buque salga del Estrecho. El peor escenario ahí es la eventual interceptación y/o captura de la nave por fuerzas trasandinas. Ya sea por la Prefectura Naval o, peor aún, por la Armada argentina.
Por lo pronto la fecha del zarpe se encuentra bajo reserva, para evitar que Argentina tome una medida que pueda generar una “tensión innecesaria” con Chile.
Lo que está descartado es que la nave comercial sea escoltada por unidades militares nacionales.
CUESTIÓN DE TRATADOS
Los tratados internacionales vigentes permiten el libre tránsito y el “paso inocente” de embarcaciones por las 12 millas de mar territorial argentino sin importar su bandera.
Sin embargo, hay decretos trasandinos que ponen eso en entredicho. Uno, firmado en 2010 por Cristina Fernández que exige una autorización previa a cualquier buque que transite entre el territorio continental argentino hacia las Malvinas, y otro, el ya conocido 457 de Alberto Fernández en 2021, que define al Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido” y que además esboza un posible “control conjunto”.
Chile ha reclamado formalmente sobre esto, aduciendo que contraviene el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 que establecen la soberanía absoluta de Chile sobre el Estrecho. ¿La respuesta? Virtualmente nula. A lo más, evasiva.
El año pasado Javier Milei se comprometió a revocar el decreto 457 pero no ha pasado nada. Ni entonces ni en su última visita a Chile, que además se produjo luego de las declaraciones del general argentino Gustavo Valverde, que habló de compartir soberanía con Chile, dichos que luego intentó morigerar, pero nunca aclarar cien por ciento.
PURAS BUENAS INTENCIONES
En el contexto del Foro de Madrid que se realizó en Santiago (reunión de representantes de la extrema de derecha) a inicios de septiembre de este año, Kast y Milei firmaron una declaración donde se reconoció la soberanía de Chile sobre todo el Estrecho (cosa que ya existía), sin embargo, no se obtuvo un compromiso de derogar el decreto 457 (Kast dijo que no pensaba exigírselo a Milei) y nuestro país reafirmó su respaldo a la reivindicación de Argentina sobre las Malvinas y una solución conforme al derecho internacional.
Pero agregó un elemento que fue altamente valorado por Milei: los esfuerzos chilenos destinados a evitar la consolidación de actividades logísticas unilaterales relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona disputada. Declaración que quizás las autoridades chilenas pensaron que era casi una expresión de buenas intenciones, pero que claramente no lo es.
Apenas horas después de eso, el canciller argentino insistió en la idea del carácter “bioceánico” de su país, que por lo demás es una Directiva de Política de Defensa Nacional aprobada por el Estado argentino en 2021.
OBJETIVO: LA ANTÁRTIDA
A eso se sumó otra declaración, la de Patricia Bullrich, que aseveró que “el concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse”. A continuación enumeró entre los objetivos argentinos “el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”. Este último, punto crucial.
Y además, Milei anunció una ofensiva contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en las islas, incluyendo sanciones contra compañías, accionistas, directores y proveedores.
Ahí es donde cobra importancia la conexión marítima desde Punta Arenas hacia las islas y los vuelos regulares que hasta allá sobre esa ruta hace Latam. Porque decisiones argentinas destinadas a dificultar la logística de las Falkland/Malvinas pueden terminar rozando o afectando intereses chilenos.
Ya a fines de septiembre desde el otro lado de la cordillera anunciaron acciones penales y diplomáticas contra la empresa aeronáutica británica Thales por volar sin autorización entre Malvinas y Punta Arenas. El avión llevó a la delegación isleña para negociar una ruta de abastecimiento desde esa ciudad alternativa a la de Uruguay.
¿La reacción de la Cancillería? Si existió, fue bastante tibia.
¿POR QUÉ ESTÁ COMPLICADO CHILE?
Nada de esto puede entenderse sin volver al origen: la decisión del presidente José Antonio Kast de suscribir un acuerdo con Argentina que comprometía a Chile a realizar esfuerzos para impedir la consolidación de actividades logísticas unilaterales vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en una zona disputada.
No se trataba de una declaración diplomática inocua. Su contenido comprometía una actuación del Estado chileno en una controversia territorial cuyas consecuencias exigían especial cautela. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿comprendió el presidente el alcance de lo que estaba firmando o simplemente no advirtió sus implicancias?
Cualquiera sea la respuesta, hay una responsabilidad política que no desaparece. Porque en política exterior las consecuencias de una firma presidencial no dependen de las intenciones de quien la estampa. Y cuando está en juego la soberanía nacional, la ignorancia no constituye una explicación suficiente ni la inocencia una excusa.
