La abogada Elizabeth Rodríguez Sierra, actual panelista del programa «Próceres» y exmilitante del Partido de la Gente (PDG), fue acusada en marzo pasado de usar un certificado médico falso de la Clínica Alemana con un profesional ficticio y usar los logos institucionales para poder suspender una audiencia en el 29° Juzgado Civil de Santiago, en febrero.
Esa comparecencia judicial era por una demanda que tiene enfrentados a dos grupos de dueños en las comunidades de la Vega Central.
La legista dijo en su minuto a Reportajes Teletrece que desconocía cualquier acción judicial en su contra y agregó que “nunca he falsificado ningún documento de ninguna naturaleza”.
Sin embargo, Eli–como es conocida en el mundo político y quien se ha convertido en una referente estable de estas plataformas de debate político en Youtube, donde estuvo en el programa “Sin Filtro” y luego en “Próceres”, siguiendo al conductor Gonzalo Feito-, recibió ahora un informe “lapidario” del centro médico privado de la comuna de Vitacura.
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El abogado de la Unidad Jurídica, Andrés De la Barra Dünner firma el oficio al fiscal adjunto, Paulo Ramírez Palomino, fechado el 24 de septiembre de este año, donde “Responde oficio N°2026-1400-15103”.
En el documento, expresa el representante de la Clínica Alemana tres puntos ante la consulta sobre Elizabeth Rodríguez Sierra como paciente y el médico Jaime Bravo Silva, como quien la atendió y emitió el reposo médico.
La misiva resalta que el certificado médico acompañado «es material e ideológicamente falso». Además apunta que Elizabeth Rodríguez Sierra no se ha atendido en la Clínica Alemana de Santiago y, por último, que el médico Jaime Florencio Bravo Silva «nunca ha trabajado» en la citada clínica.
Esta comunicación se da por la denuncia de un grupo de dueños de comercios de La Vega Central que denuncian una serie de maniobras de Rodríguez para mantener el control de la administración del lugar, sin asambleas ni votaciones transparentes.
UNA AUDIENCIA DEL VERANO
Esta causa penal fue una derivada de la demanda en el 29° Juzgado Civil de Santiago, donde no asistió a una audiencia en el verano presentando este certificado falso.
La abogada representa al sector dominado “Patio de Remates”. Esta comunidad fue demandada civilmente por los locatarios más antiguos por diversos problemas en febrero de 2026: administración de sus bienes comunes y cobros por el uso diario del espacio.
Además, denunciaron escasa transparencia para entregar los estados contables de la administración del mercado de abastos.
“De Patio de Remates, no solo afirma ser administradora, sino que presenta públicamente a la Comunidad del Sector Antiguo como carente de legitimidad para administrar y cobrar por el uso de los espacios comunes, descalificando esos cobros como ‘ilegítimos’ y susceptibles de acciones judiciales. Ello configura un verdadero alarde injusto del derecho que se atribuye, idóneo para afectar el crédito, reputación y funcionamiento de la Comunidad del Sector Antiguo frente a un número indeterminado de terceros”, se lee en la acción civil.
Ahora, los querellantes contra Rodríguez esperan que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte defina si formalizará a la abogada por la confección y uso de un documento médico falsificado, o sigue indagándola si utilizó el mismo método en otras causas que tramita.
TAMBIÉN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RECOLETA
Tampoco el mes de septiembre fue auspicioso para Rodríguez en la justicia vecinal, ya que el 1° Juzgado de Policía Local de Recoleta falló en contra de sus pretensiones y asesoría para mantener a la antigua administración en uno de los sectores de La Vega.
La jueza Antonieta Patuelli Hodde resolvió anular la constitución del Consejo de Administración del 17 de julio de 2024 y todos los actos emanados por éste, entre ellos revocar los mandatos amplios a dos directores, donde además se ordenó a la Comunidad Patio de Remates a convocar a Asamblea Ordinaria de Copropietarios a más tardar a finales de octubre con objetivos precisos y puntuales.
La jueza instruyó adecuar el número de integrantes del Consejo de Administración con un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes. Asimismo, adecuar el reglamento de la comunidad y el quórum mínimo para la constitución de la sesión elevándolo a la asistencia de un número que sea el 33% de los dueños, donde los acuerdos se adopten por mayoría absoluta.
Este fallo, es un mazazo para las pretensiones de Rodríguez, que como habíamos contado anteriormente, se había apropiado de los espacios comunitarios y aseguraba que la directiva de julio del 2024 estaba absolutamente vigente.
Dos dolores de cabeza en menos de un mes, y aún queda por definirse la arista penal de esta guerra civil de dueños y locatarios en La Vega Central.
