La Armada confirmó la desvinculación de otros dos servidores navales que fueron formalizados en el marco de una investigación por la violación grupal de una joven en Rapa Nui, en la región de Valparaíso.
Así lo informó a través de un comunicado.
Ahí la institución armada expuso que “sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa ordenada instruir, cuyo objeto es establecer las eventuales responsabilidades administrativas por infracciones a la reglamentación interna de la institución, los dos nuevos servidores navales involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”.
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Recordemos que ayer, en en el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua, fueron formalizados dos funcionarios de la Armada acusados de violar a una joven de 23 años al interior de la Guarnición Marítima de la Armada en el territorio insular.
Ambos quedaron en prisión preventiva y se sumaron a otros dos servidores navales imputados prerviamente por el mismo hecho. Estos también fueron desvinculados de la institución.
La autoridad naval reiteró su «compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de los hechos».
Asimismo, expresó «su profundo compromiso con el pueblo de Rapa Nui, asegurando la continuidad de sus labores clave en el territorio. Sus esfuerzos seguirán enfocados en garantizar la conectividad marítima, asistir a la comunidad ante catástrofes naturales y salvaguardar la vida humana en el mar”.
PRISIÓN PREVENTIVA
Los dos nuevos formalizados cumplirán la medida cautelar de prisión preventiva en un recinto naval.
De todos modos, eo obstante, el abogado querellante en este caso de violación grupal en Rapa Nui anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional porque considera que los artículos 434 y 137 del Código de Justicia Militar, que regulan el lugar de cumplimiento de la privación de libertad (detención o prisión) para el personal militar, serían contrarios a la Constitución.
El plazo de investigación por esta denuncia de violación grupal se fijó en 80 días.







