El Gobierno de Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud “de medidas provisionales” para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de las islas Malvinas.
Así lo informó el gobierno de Javier Milei a través de un comunicado,donde explicó que la solicitud “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
“La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”, agregó.
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“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, cerró el comunicado.
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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026
PEDIDO DE ARBITRAJE
El objetivo de Argentina es detener el avance de Sea Lion, un proyecto ‘offshore’ operado por la firma israelí Navitas (65%) y del que es también socia la británica Rockhopper (35%) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina, esperan obtener US$2.000 millones en regalías durante 30 años por el proyecto petrolero.
Sin embargo, Argentina considera “ilegales” los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas.
Por eso el Gobierno de Milei anunció el 28 de septiembre que Argentina iniciaría un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
