Los fondos de pensiones chilenos enfrentan pérdidas de valoración por US$7.700 millones debido a operaciones financieras vinculadas a las tasas de interés de Estados Unidos. El impacto en las AFP golpea especialmente al fondo E, considerado el más conservador del sistema, que acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de este año. Y ojo, no paga Moya, paga usted
La cifra fue revelada por Bloomberg, sobre la base de antecedentes de la Superintendencia de Pensiones. El problema no es solamente la magnitud de las pérdidas, sino también las decisiones que llevaron a asumir estos riesgos con los ahorros destinados a financiar las jubilaciones. La situación plantea una pregunta que las administradoras todavía no responden públicamente: ¿Quién responde? ¿Quién asume la responsabilidad por una estrategia financiera que terminó perjudicando especialmente a los afiliados que buscaban mayor seguridad?
De ganar US$1.400 millones a perder US$7.700 millones
Durante los últimos dos años, las AFP incrementaron sus inversiones en instrumentos financieros denominados swaps, contratos cuyo valor depende de la evolución de las tasas de interés. En términos sencillos, las administradoras apostaron a que las tasas estadounidenses continuarían bajando. Si eso ocurría, los contratos aumentarían su valor. Pero la tendencia cambió y las tasas subieron, provocando pérdidas.
Hace un año, estas operaciones registraban una valoración positiva de US$1.400 millones. En septiembre de 2026, su valor había caído hasta un saldo negativo de US$7.700 millones. En otras palabras, las AFP no solo perdieron lo que llevaban ganado, sino que terminaron con un saldo negativo de US$7.700 millones. Y lo más preocupante es que las consecuencias recaen, por regla general, sobre los ahorros de los afiliados.
Es importante precisar que los US$7.700 millones corresponden al valor negativo de mercado de los contratos, no necesariamente a pérdidas íntegramente realizadas. Sin embargo, cuando las AFP cierran esas operaciones, pueden tener que pagar a sus contrapartes financieras para ponerles término. Entre esas contrapartes figuran grandes bancos de Wall Street, como Bank of América y Citigroup.
No paga Moya, paga usted
“Van a tener que realizar las pérdidas en algún minuto, y eso va a doler”, advirtió Felipe Alarcón, economista jefe de la aseguradora EuroAmerica. Su afirmación apunta a una consecuencia de la nueva regulación: las AFP deben reducir sus posiciones en derivados precisamente cuando muchos contratos presentan valores negativos.
Al cerrarlos, las pérdidas dejan de depender de una eventual recuperación de esos instrumentos y se convierten en resultados definitivos. Pero hay una diferencia fundamental: no son las AFP las que, por regla general, pagan esas pérdidas con su patrimonio. Son los fondos de pensiones, es decir, los ahorros de los propios afiliados, los que soportan el resultado de las operaciones.
Las administradoras decidieron contratar los derivados, determinaron cuánto riesgo asumir y eligieron cuándo reducir sus posiciones. Los trabajadores no participaron en ninguna de esas decisiones, pero sus ahorros enfrentan las consecuencias. La legislación contempla mecanismos excepcionales para que las AFP respondan con recursos propios, entre ellos el encaje y las obligaciones derivadas de eventuales infracciones. Sin embargo, una pérdida de mercado no activa automáticamente esos mecanismos.
Así, mientras las administradoras continúan cobrando por gestionar los recursos previsionales, son los afiliados quienes soportan normalmente las pérdidas de las inversiones que ellas decidieron realizar.
El fondo más conservador ¿apuesta?
El fondo E está diseñado para quienes prefieren una menor exposición al riesgo. Por eso concentra sus inversiones en instrumentos de renta fija y tiene especial importancia para las personas próximas a jubilar.
Sin embargo, fue precisamente este fondo el que acumuló las mayores pérdidas. Según las cifras oficiales citadas por Bloomberg, su rentabilidad real cayó aproximadamente 10,4% entre enero y septiembre, incluyendo un retroceso de 4,9% solamente durante septiembre.
Para dimensionarlo, una persona que comenzó el año con $50 millones en ese fondo, sin realizar aportes ni retiros, habría experimentado una disminución equivalente a $5,2 millones de poder adquisitivo. Si tenía $100 millones, la caída equivaldría a $10,4 millones.
No significa necesariamente que ese dinero se haya perdido para siempre. Los mercados pueden recuperarse. Pero quienes están próximos a jubilar disponen de menos tiempo para esperar una recuperación de sus ahorros.
Un riesgo que se multiplicó por doce
Según un análisis de Citigroup citado por Bloomberg, a comienzos de 2024 las posiciones podían variar aproximadamente US$10,6 millones por cada movimiento de un punto básico en las tasas de interés. En abril de 2026, esa sensibilidad había aumentado a US$131 millones.
Es decir, el riesgo medido de esa manera se multiplicó por más de doce. La exposición total también alcanzó dimensiones extraordinarias. El valor nocional de los contratos —la cifra de referencia utilizada para calcular sus pagos, que no equivale al dinero efectivamente invertido— llegó a rozar los US$700.000 millones.
En agosto todavía alcanzaba aproximadamente US$525.000 millones, pese a que las administradoras ya habían comenzado a reducir sus posiciones.
Las AFP deben cerrar operaciones antes de noviembre
La Superintendencia de Pensiones estableció en abril nuevas restricciones para limitar los riesgos asociados a estos derivados financieros. Las administradoras deben cumplir plenamente las exigencias el próximo 4 de noviembre.
La regulación obliga a reducir las posiciones que exceden los nuevos límites. Sin embargo, el problema es que las AFP deben hacerlo precisamente cuando las condiciones del mercado se han vuelto desfavorables. Según Bloomberg, las alzas de las tasas estadounidenses han encarecido progresivamente el costo de cerrar los contratos.
Iván Riveros, estratega de Citigroup, advirtió que liquidar las posiciones durante octubre resultaría mucho más costoso que haberlo hecho algunos meses antes. La Superintendencia informó que las administradoras ya habían ajustado una parte significativa de las posiciones excedentes. No obstante, Bloomberg señala que todavía no está claro cuánto han liquidado ni qué volumen permanece pendiente.
Esto abre otra interrogante: ¿Cuánto de las pérdidas pudo evitarse mediante una reducción más temprana de la exposición y qué criterios utilizaron las AFP para decidir cuándo cerrar sus contratos?
Siete AFP guardan silencio ante las pérdidas
Bloomberg solicitó explicaciones a las siete administradoras que operan en Chile: Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida y UNO. Todas declinaron comentar la situación. La asociación gremial de las AFP tampoco entregó declaraciones.
La Superintendencia de Pensiones, en cambio, respondió que las administradoras habían recibido un plazo ampliado para adecuarse a las nuevas restricciones. También recordó una obligación fundamental: las AFP deben gestionar sus inversiones y el tiempo disponible para cumplir la normativa atendiendo al mejor interés de sus afiliados.
Esa declaración sitúa el debate más allá de las fluctuaciones financieras. No basta con establecer que las tasas estadounidenses subieron. También corresponde examinar si las decisiones de inversión y la posterior reducción de riesgos respetaron los deberes legales de las administradoras.
¿Qué ocurre con quienes ya están jubilados?
Las pérdidas de los fondos previsionales no afectan solamente a quienes todavía trabajan. También pueden perjudicar a personas que ya están jubiladas y reciben mensualmente una pensión financiada con sus ahorros acumulados durante décadas.
Sin embargo, el impacto depende de la modalidad de pensión. Quienes están jubilados bajo el sistema de retiro programado mantienen sus ahorros en una AFP. Por lo tanto, si el fondo donde permanecen invertidos pierde valor, también disminuye el capital disponible para financiar sus futuras pensiones.
Esto no significa que una caída de 10,39% del fondo E provoque automáticamente una reducción idéntica de la mensualidad siguiente. El monto del retiro programado se calcula conforme a reglas legales y actuariales, considerando, entre otros factores, el saldo disponible, la edad y las expectativas de vida.
Pero el efecto patrimonial existe. Una caída de los ahorros puede traducirse en menores pensiones futuras o acelerar el agotamiento del capital destinado a financiarlas.
La situación es distinta para quienes contrataron una renta vitalicia con una compañía de seguros. En ese caso, la aseguradora asume la obligación de pagar la pensión contratada. Las pérdidas que registren posteriormente los fondos administrados por las AFP no reducen directamente esa mensualidad.
También debe distinguirse la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo financiamiento es estatal y cuyo monto no depende de la rentabilidad de los multifondos.
Por eso, cuando se habla de pérdidas previsionales, no basta con mencionar a los trabajadores próximos a jubilar. También hay pensionados que siguen expuestos al comportamiento de los mercados financieros, precisamente cuando ya no cuentan con ingresos laborales para recomponer sus ahorros.
¿Quién responde y cómo debe hacerlo?
La primera responsabilidad corresponde a las AFP. Son ellas quienes deciden las inversiones, contratan los instrumentos financieros y administran recursos que pertenecen a los trabajadores. Su obligación no consiste en garantizar ganancias, pero sí en actuar con la diligencia exigida por la ley y respetar los límites de riesgo establecidos.
Nuestra legislación contempla mecanismos de responsabilidad. El Decreto Ley 3.500 establece una rentabilidad mínima relativa para los fondos de pensiones. Si una administradora no alcanza ese mínimo, debe cubrir la diferencia mediante los mecanismos legales, que incluyen su encaje, constituido con recursos propios. Sin embargo, una rentabilidad negativa no activa automáticamente esta obligación: es necesario determinar si el fondo obtuvo un resultado inferior al mínimo legal respecto de los fondos equivalentes de las demás AFP.
La Superintendencia de Pensiones puede y debe fiscalizar las operaciones, exigir antecedentes y aplicar sanciones cuando comprueba infracciones a la normativa. Por ello, corresponde establecer si las estrategias con derivados respetaron los límites vigentes y si las administradoras actuaron diligentemente al reducir sus posiciones.
¿Cómo responderán?
Si se acredita que una AFP incumplió sus obligaciones legales y que ese incumplimiento provocó un perjuicio indemnizable, podría enfrentar acciones judiciales destinadas a obtener una reparación. No obstante, la caída del valor de los fondos, por sí sola, no demuestra negligencia ni garantiza una indemnización.
¿Y quién fiscaliza al fiscalizador? La Superintendencia debe explicar qué antecedentes conocía, cuándo detectó el aumento de la exposición y por qué estableció los nuevos límites en abril de 2026. Si existieran omisiones antijurídicas en el ejercicio de sus atribuciones, también podría examinarse una eventual responsabilidad estatal, aunque esta requiere acreditar presupuestos jurídicos distintos de los aplicables a las AFP.
La diferencia es sustancial. Una multa contra una administradora no significa necesariamente que el dinero regrese a las cuentas individuales. Para que eso ocurra debe operar un mecanismo legal de cobertura de rentabilidad o establecerse una obligación de reparación que beneficie efectivamente a los afectados.
Por eso, la pregunta no termina en quién cometió un error. Se extiende a quién debe asumir sus consecuencias económicas. Porque sancionar una infracción y reparar el patrimonio de los trabajadores son dos cosas distintas.
