Hasta el Palacio de La Moneda llegó el fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitar al vicepresidente Claudio Alvarado “suplementar o aumentar los recursos que se están disponiendo” en el proyecto de Presupuesto 2027 para implementar la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, que contempla el aumento de fiscales en todo el país.
“Y además, junto con aquello, con el segundo año de implementación de la Fiscalía Supraterritorial, le hemos transmitido al ministro del Interior nuestra preocupación por la circunstancia que la propuesta presentada por Hacienda considera recursos menores a los que habían sido aprobados por el Congreso”, agregó.
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En ese sentido la reunión tuvo como finalidad “transmitir una preocupación por un asunto que es un asunto de Estado, que se aborda también en la ley de presupuesto y que tiene que ver con un conjunto de glosas o menciones que se incorporan dentro de la ley de presupuesto que, en nuestro parecer, derechamente no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional en lo que se refiere a la manera como debe relacionarse el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos en particular con el Ministerio Público, el Servicio Electoral y la Contraloría General de la República”, expuso Valencia.
UN TEMA DE ESTADO
Para el fiscal nacional el tema va más alla de la discusión sobre montos, sino que constituye una materia institucional, «de Estado, que tiene que ver con la protección de nuestra institucionalidad».
La alerta de Valencia dice relación con que, como están plantradas las cosas, Hacienda y Dipres podrían intervenir en decisiones administrativas de organismos que cuentan con autonomía constitucional como lo son la Fiscalía, Servel y Contraloría.
De hecho, dijo que intervino “por encargo” de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y de la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa.
De todos modos el fiscal nacional calificó el diálogo con el Ejecutivo como “franco” y sostuvo que existe disposición para continuar las conversaciones.
GOBIERNO LE BAJA EL PERFIL
Tras el encuentro con Valencia el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, aseguró que fue una reunión positiva y que “Lo que busca el gobierno, a través del diálogo interinstitucional, es poder recibir las inquietudes de todos los órganos, autónomos también”, y que el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial de tramitación.
REUNIÓN ALMUERZO
Previo a esa reunión de Valencia en La Moneda la Contraloría confirmó que la contralora general, Dorothy Pérez; el fiscal nacional y la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa sostuvieron un encuentro donde precisamente analizaron las glosas del proyecto de Ley de Presupuesto..
Desde el organismo fiscalizador aseveraron que hubo disposiciones presupuestarias que fueron enviadas por la Dirección de Presupuestos al Congreso, “sin el acuerdo de los órganos autónomos constitucionales”.
A su juicio, algunas de esas glosas “afectan directamente la autonomía del Ministerio Público, el Servel y la Contraloría”, al establecer restricciones que, afirmaron, no se habían planteado antes sobre la forma en que esas instituciones administran los recursos destinados a sus funciones.
La Contraloría insistió en que las disposiciones implicarían que los tres organismos deban solicitar periódicamente autorizaciones al ministerio de Hacienda. A juicio de las instituciones, ese mecanismo afectaría su capacidad para tomar decisiones en materias de investigación penal, fiscalización del gasto electoral y control administrativo.
Y estas, enfatizaron, “conforme a la Constitución deben ser completamente independientes” en los tres organismos.
