Un nuevo flanco se le abrió a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco tras un reportaje de Reportea que reveló presuntas transferencias a su expareja Gonzalo Migueles por un monto de$27 millones, desde dos inmobiliarias en un periodo en que ella fallaba causas relacionadas con esas empresas, partriculamente en relación con el Bosque de Reñaca.
La Fundación Yarur Bascuñán y la organización Duna Viva ya vanunciaron que a raíz de eso estudian acciones judiciales.
Uno de los casos mencionados por la publicación es el proyecto inmobiliario Barrio Foresta, en Reñaca.
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En concreto, la iniciativa enfrentó una dura resistencia vecinal y legal debido a su impacto sobre el ecosistema nativo del Bosque de Reñaca, una de las reservas naturales urbanas más relevantes de la zona, controversia que llegó hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema, que en abril de 2021 era integrada, entre otros, por Ángela Vivanco.
Con la participación directa de la entonces magistrada el tribunal rechazó los recursos presentados por la comunidad contra la construcción del desarrollo inmobiliario.
Ahora, la revelación de los flujos de dinero hacia el entorno íntimo de la exjueza puso bajo sospecha la imparcialidad de ese definitivo fallo.
«GRAVEDAD EXCEPCIONAL»
La Fundación Yarur Bascuñán, que participó en la defensa ambiental del sector, sostuvo que los antecedentes publicados por Reportea son suficientemente graves como para exigir una investigación que permita determinar si existió alguna vinculación entre las transferencias y la tramitación de causas judiciales.
En palabras de su abogado, Gabriel Muñoz, “sería extremadamente preocupante que una investigación llegara a acreditar que, paralelamente, existieron gestiones indebidas destinadas a influir en una decisión judicial”.
Aclaró también que la información periodística por si sola no es concluyente sobre la existencia de sobornos o responsabilidades penales, pero que examinará los antecedentes disponibles y evaluará las acciones judiciales que correspondan, incluida la posibilidad de intervenir en la investigación penal, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Asimismo, estudiará si existen fundamentos jurídicos para revisar las consecuencias de eventuales irregularidades que pudieran acreditarse en la tramitación de la causa.
Duna Viva, en tanto, calificó los antecedentes del reportaje como de “gravedad excepcional” y también anunció que estudiará las acciones jurídicas disponibles frente a los hechos expuestos.
A través de un comunicado expuso que, de confirmarse las transferencias a Gonzalo Migueles y las presiones de representantes de la Inmobiliaria Argenta, el caso excede una mera controversia medioambiental para transformarse en una red de corrupción institucional dentro del máximo tribunal.
En ese sentido Duna Viva, buscaría hacerse parte en la investigación penal para determinar las responsabilidades de la exmagistrada Vivanco, de su pareja y de los ejecutivos inmobiliarios involucrados, advirtiendo además sobre las asimetrías de poder que enfrentan las comunidades locales al defender el patrimonio ecológico de Reñaca frente al lobby empresarial.
