La Fiscalía de Ñuble formalizó al alcalde de Chillán, Camilo Benavente, por dos hechos de fraude al fisco vinculados con la compra del terreno de la Medialuna de la ciudad, operación que habría generado un millonario perjuicio al patrimonio municipal.
La acción judicial también apunta al abogado Esteban San Martín, quien se desempeñaba como asesor jurídico del municipio cuando se concretó la operación.
La querella fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la municipalidad de Chillán y del Gobierno Regional de Ñuble, organismos que financiaron la adquisición de la medialuna ubicada en calle Palermo ala Sociedad Fiesta del Caballo Chileno.
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Según el Ministerio Público, el municipio pagó $3.276 millones por el inmueble, pese a que su valor habría sido considerablemente inferior.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Nadia Espinoza el perjuicio al municipio lcanzaría al menos $1.900 millones y cuestionó que la adquisición fuera aprobada por el Concejo Municipal antes de contar con las tasaciones correspondientes.
Por otra parte, el segundo hecho investigado como fraude al fisco por parte del alcalde de Chillán se relaciona con la enajenación de graderías, corrales y otras estructuras a la sociedad vendedora, pese a que estaban incluidas en el precio de compraventa. Esta operación habría provocado un perjuicio adicional cercano a los $200 millones.
La Fiscalía pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al municipio o contactar a sus funcionarios, debido a presiones a trabajadores que debían declarar en la investigación. Todo ello lo que deberá resolver el tribunal el Juzgado de Garantía de Chillán a partir de las 8:00 horas del próximo lunes, porque hoy vsuspendió la audiencia.
SIN GRADERÍAS
En 2021 el Concejo Municipal autorizó la compra de la Medialuna para desarrollar el proyecto Parque Juan Schleyer. El contrato incluía la adquisición del terreno con sus construcciones e infraestructura, entre ellas las graderías metálicas, pesebreras, corrales y dependencias del casino.
Sin embargo, el CDE sostiene que las condiciones de la operación fueron modificadas durante la elaboración de los contratos con la incorporación de una cláusula que permitía a la sociedad Fiesta El Caballo Chileno retirar las estructuras existentes, cuestión que no se había contemplado en los acuerdos del Concejo Municipal.
El CDE afirma que estos bienes fueron retirados sin que se descontara su valor del precio que pagaron las instituciones públicas por el inmueble.
