Hace siete años, millones de chilenos salimos a las calles. No todos pensábamos igual, no compartíamos una ideología ni pretendíamos construir el mismo país. Nos unía algo mucho más sencillo: la convicción de que Chile podía ser mejor y de que la dignidad no debía depender del dinero, del apellido ni del lugar donde cada uno había nacido. Sin embargo, la épica y la ética del 18-O pasó duramente de la esperanza a la traición.
Daba lo mismo si eras de izquierda, centro o derecha. O si eras simplemente un chileno más, cansado de aferrarse al lado estrecho del embudo social. Había una esperanza compartida que atravesaba generaciones y diferencias políticas.
No salimos a pedir una Constitución de izquierda ni una de derecha. Tampoco a incendiar estaciones del Metro, saquear comercios o destruir nuestras ciudades. Salimos porque los abusos, las desigualdades y la indiferencia habían terminado por romper la paciencia de una parte importante de la sociedad.
Siete años después, la pregunta no es solamente qué ocurrió con el estallido social. Es qué ocurrió con aquella esperanza.
La primera traición
La violencia comenzó a disputarles las calles a los ciudadanos. Los incendios, saqueos y enfrentamientos fueron desplazando las manifestaciones pacíficas de las portadas y de la discusión pública. Quienes marchábamos por cambios sociales terminamos viendo cómo otros pretendían apropiarse de una movilización que no les pertenecía.
Dicha violencia no fue una expresión inevitable de la protesta ni una condición necesaria para conseguir transformaciones. Tampoco puede utilizarse retrospectivamente para deslegitimar a millones de personas que se manifestaron pacíficamente.
Hubo además violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Y su gravedad no disminuye porque también se hayan cometido delitos contra policías, comerciantes o bienes públicos. El Estado tiene obligaciones especiales precisamente porque posee el monopolio legítimo de la fuerza.
La violencia destruyó vidas, bienes y confianzas. Pero también sirvió para que el debate público comenzara a olvidar aquello que había llevado a tantos ciudadanos a las calles.
Las pensiones insuficientes, las listas de espera, los salarios que no alcanzaban y los abusos cotidianos quedaron progresivamente relegados por una discusión que terminó girando en torno al orden, la destrucción y la confrontación política.
La segunda traición
La respuesta institucional fue abrir un proceso constituyente. En octubre de 2020, una amplia mayoría votó por redactar una nueva Constitución. Parecía una oportunidad histórica para construir un acuerdo que recogiera las aspiraciones de una sociedad diversa.
Pero la Convención Constitucional confundió su mayoría interna con una autorización para imponer una determinada visión del país. Las legítimas demandas ciudadanas quedaron subordinadas a disputas identitarias, maximalismos y proyectos que no representaban necesariamente a quienes habían votado por cambiar la Constitución.
En septiembre de 2022, los ciudadanos rechazaron ampliamente su propuesta.
Vino entonces un segundo proceso. Esta vez, la mayoría quedó en manos del Partido Republicano y sus aliados. Y volvió a repetirse el error: una mayoría circunstancial creyó que podía convertir sus preferencias ideológicas en la Constitución de todos los chilenos.
En diciembre de 2023, la ciudadanía también rechazó ese texto.
Dos oportunidades. Dos mayorías diferentes. Dos proyectos derrotados por los mismos ciudadanos a quienes sus autores aseguraban representar. No fue una victoria de la izquierda sobre la derecha ni de la derecha sobre la izquierda. Fue la demostración de que los votos obtenidos para una tarea determinada no constituyen un cheque en blanco.
Los ciudadanos que nadie quiso escuchar
El resultado de ambos procesos dejó una lección que la política parece empeñada en no aprender: Chile no está dividido simplemente entre dos trincheras irreconciliables.
Existe una enorme cantidad de ciudadanos que votan de acuerdo con sus necesidades, esperanzas, temores y decepciones. Pueden respaldar un cambio constitucional y rechazar después el texto propuesto. Pueden elegir a un presidente y, pocos años más tarde, votar por alguien que representa un proyecto radicalmente distinto.
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No necesariamente cambiaron de principios. Muchas veces cambiaron de expectativas o castigaron a quienes consideraron incapaces de responderles.
Gabriel Boric llegó a La Moneda con una mayoría de segunda vuelta que no era exclusivamente de izquierda. José Antonio Kast también alcanzó la Presidencia con votos que no pueden confundirse con una adhesión al ideario republicano.
Ambos recibieron respaldos que excedían a sus respectivos sectores políticos. Confundir esos votos prestados con una conversión ideológica de los electores reproduce el mismo error que cometieron los protagonistas de los dos procesos constituyentes.
Y mientras los partidos se disputaban la interpretación de cada elección, una pregunta continuaba sin respuesta: ¿Quién representaba a los ciudadanos que habían salido a las calles en 2019?
Siete años después
Las encuestas muestran cuánto ha cambiado la percepción ciudadana. Una medición de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, que siguió a 978 personas en distintas oportunidades desde 2019, encontró que el 64% evalúa negativamente las consecuencias del estallido. Solo el 31% lo considera hoy necesario.
Son cifras relevantes. Pero sería un error concluir que una evaluación negativa de las consecuencias equivale a negar las causas que originaron las manifestaciones. Una persona puede condenar los incendios, rechazar ambos procesos constitucionales y lamentar la violencia sin considerar que las pensiones, la salud o las desigualdades dejaron de ser problemas.
También puede haber perdido la confianza en la protesta como instrumento de cambio sin haber recuperado la confianza en quienes gobiernan.
A ello se suma una deuda que no admite interpretaciones complacientes. En vísperas de este aniversario, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recordó las obligaciones pendientes del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La Fiscalía registra más de 12 mil denuncias por violencia institucional y 219 sentencias condenatorias. Detrás de esas cifras existen víctimas que no desaparecen porque el clima político haya cambiado.
Reconocerlas no significa justificar la violencia de manifestantes. Significa comprender que los derechos humanos no dependen de la popularidad de quienes los invocan ni de la orientación política del gobierno de turno.
La esperanza no estaba equivocada
La frustración no terminó con el rechazo de dos textos ni con el cambio de gobierno. Sobrevivió a ambos procesos y continúa manifestándose en la desconfianza hacia la política. Los ciudadanos que marcharon en 2019 no formaban un partido. No compartían un programa único ni habían entregado un mandato de representación a quienes posteriormente pretendieron hablar en su nombre.
Esa diversidad fue precisamente la fuerza de las movilizaciones pacíficas. Y también lo que hizo posible que distintos sectores intentaran apropiarse de ellas. Quizás por eso resulta tan fácil condenar o reivindicar el estallido como un todo. Es más cómodo discutir sobre los símbolos de octubre que responder qué ocurrió con las demandas concretas de quienes participaron.
Siete años después, seguimos atrapados entre quienes quisieran borrar aquel octubre de la historia y quienes pretenden conservarlo como patrimonio político propio. Unos reducen el estallido a la violencia. Otros parecen olvidar la destrucción y las víctimas que también dejó. Ambos relatos terminan expulsando del centro a los ciudadanos que querían vivir mejor.
Y ese es, precisamente, el problema que seguimos sin resolver.
Porque la esperanza de 2019 no consistía en cambiar una élite por otra, ni en entregar el país a una nueva mayoría convencida de poseer toda la verdad. Consistía en construir una sociedad más justa, donde las instituciones escucharan a las personas y no solamente a quienes tenían el poder de hablar por ellas.
El estallido no necesita ser idealizado para comprender sus causas. Tampoco necesita ser absuelto de su violencia para reconocer la legitimidad de las demandas pacíficas. Lo que necesita Chile es algo bastante menos espectacular que una refundación y mucho más exigente que un discurso: volver a poner el eje en las personas.
La tarea que dejamos pendiente
Sería cómodo concluir que la esperanza de octubre fue traicionada exclusivamente por quienes se apropiaron de ella. Bastaría con señalar a los violentos, a los constituyentes, a los partidos o a los gobernantes. Pero esa explicación dejaría fuera a un protagonista indispensable de cualquier democracia: el ciudadano.
Porque también nosotros elegimos. A veces votamos movidos por la esperanza; otras, por el miedo, el enojo o el deseo de castigar. Y no siempre exigimos a quienes reciben nuestro voto que expliquen cómo cumplirán sus promesas. Después, cuando las expectativas se frustran, buscamos responsables como si no hubiéramos participado en las decisiones que los llevaron al poder.
No se trata de igualar responsabilidades. Quienes gobiernan tienen obligaciones que no pesan sobre los gobernados. Quienes vulneraron derechos humanos deben responder por sus actos, como también quienes cometieron delitos al amparo de las manifestaciones. Pero reconocer esas diferencias no nos exime de examinar nuestra propia conducta como ciudadanos.
Siete años después, quizás la deuda más profunda del estallido no sea una Constitución que no logramos aprobar ni una consigna que dejamos de repetir. Es nuestra incapacidad para transformar una esperanza compartida en una responsabilidad igualmente compartida.
Recordar lo ocurrido importa. Conocer la verdad y hacer justicia también. Pero ninguna de esas tareas se cumple por repetirlas cada aniversario. Exigen hechos, instituciones que respondan y ciudadanos dispuestos a exigir lo mismo a quienes piensan como ellos y a quienes piensan distinto.
En octubre de 2019, millones de chilenos demostramos que éramos capaces de encontrarnos en una demanda común, pese a nuestras diferencias. Lo que todavía no hemos demostrado es que seamos capaces de sostener esa exigencia cuando termina la marcha, se apagan las consignas y llega el momento de elegir, deliberar y convivir.
La esperanza de aquel octubre no nos pertenece por haber estado en las calles. Tampoco pertenece a quienes llegaron después a gobernar en su nombre.
Nos obliga.
Porque una democracia no se construye solamente con ciudadanos capaces de indignarse. Necesita, sobre todo, ciudadanos capaces de hacerse responsables.
