El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, sostuvo que Chile necesita comprender las causas del estallido social y enfrentar las desigualdades que alimentaron el malestar. Además, rechazó eventuales indultos a policías condenados por delitos cometidos durante las manifestaciones y cuestionó las lecturas políticas que simplifican lo ocurrido en octubre de 2019.
En una entrevista publicada en La Tercera, el abogado y ensayista afirmó que el país todavía enfrenta aquel episodio como un trauma que requiere reflexión y debate público para ser procesado.
Peña planteó que condenar la violencia y ejercer legítimamente la fuerza estatal son deberes indispensables, pero insuficientes para explicar la crisis. A su juicio, la discusión debe abordar los procesos sociales que permitieron su aparición, cuánto persiste de ellos y qué medidas permitirían resolverlos.
UNA MODERNIZACIÓN QUE ELEVÓ LAS EXPECTATIVAS
El académico mantuvo el diagnóstico que desarrolló en su libro Pensar el malestar: la expansión de la educación, el consumo y el bienestar modificó profundamente a la sociedad chilena, mientras las instituciones quedaron rezagadas frente a las nuevas expectativas.
Según explicó, ese progreso convivió con una creciente distancia entre las aspiraciones de las personas y las oportunidades que percibían para su futuro. Desde esa perspectiva, consideró un error atribuir el estallido exclusivamente a una conspiración delictual o a la acción de sectores radicales.
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También cuestionó a las élites de izquierda que interpretaron las movilizaciones como una demanda inequívoca de refundación. Recordó que las marchas reunieron reivindicaciones diversas, relacionadas con pensiones, género, igualdad y medioambiente, sin una conducción ni una agenda ideológica común.
CRÍTICAS A LA IZQUIERDA Y AL DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO
Peña sostuvo que las izquierdas atraviesan una crisis intelectual porque no han comprendido suficientemente al sujeto social que surgió del proceso modernizador que ellas mismas impulsaron.
A su juicio, superar esa dificultad exige revisar sus fundamentos y construir una agenda socialdemócrata dentro del capitalismo, en lugar de concentrarse únicamente en problemas de coordinación política o presencia territorial.
Respecto del gobierno de José Antonio Kast, consideró insuficiente interpretar octubre de 2019 como un episodio meramente delictual. Explicó que la intervención de grupos organizados no elimina la necesidad de identificar las condiciones sociales que hicieron posible una movilización de esa magnitud.
Asimismo, vinculó el respaldo electoral a la derecha con la búsqueda de seguridad y autoridad frente al desorden. Sin embargo, descartó que ese apoyo implique necesariamente una identificación ideológica permanente de la ciudadanía.
EDUCACIÓN, PENSIONES Y SALUD SIGUEN PENDIENTES
El rector advirtió que varios problemas asociados al malestar continúan sin resolverse, aunque aclaró que ello no supone anticipar una repetición de lo ocurrido en 2019.
Identificó como prioridad la segregación educativa, que limita la promesa de que el esfuerzo y el talento permitan mejorar las trayectorias personales. También señaló que el país debe compartir mejor los riesgos vinculados con la vejez y la enfermedad mediante sus sistemas de pensiones y salud.
Sobre las prioridades del Ejecutivo, estimó que la sensibilidad social ocupa un lugar secundario frente al propósito de impulsar el crecimiento y modificar las condiciones para la inversión. En su interpretación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aspira a encabezar una nueva modernización económica.
Pese a sus reparos, valoró el énfasis gubernamental en la primera infancia. Consideró correcto destinar más recursos a esa etapa, incluso si ello implica reducir marginalmente los destinados al sistema universitario.
RECHAZO A INDULTOS Y DISTINCIÓN HUMANITARIA
Peña rechazó conceder indultos a policías condenados por actuaciones ilegítimas durante el estallido, del mismo modo que cuestionó los beneficios otorgados a los denominados presos de la revuelta.
Argumentó que el Estado debe sancionar especialmente a sus agentes cuando vulneran las reglas que legitiman el uso de la fuerza y causan daño a los ciudadanos.
El abogado distinguió esos casos de situaciones humanitarias extremas. Planteó que condenados por violaciones a los derechos humanos que se encuentren próximos a morir y con un deterioro cognitivo severo deberían poder fallecer en sus hogares.
Para el rector, esa consideración responde a condiciones excepcionales de sufrimiento y pérdida de facultades, diferentes de las de un agente que conserva sus capacidades y debe responder por delitos cometidos.
