Un pago de $13 millones que Gonzalo Migueles reconoció haber recibido del abogado Eduardo Lagos marca un nuevo frente penal para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. La Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó una audiencia para formalizar a los tres por hechos vinculados al caso Fundamenta, una investigación distinta de aquella relacionada con el Consorcio Belaz Movitec.
La audiencia quedó fijada para el 12 de noviembre. Según informó CIPER, la Fiscalía Nacional confirmó que la imputación abordará presuntos delitos de cohecho y soborno asociados a las gestiones para acelerar una resolución judicial que permitió destrabar un millonario proyecto inmobiliario.
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El antecedente central es la última declaración de Migueles. En ella admitió que Lagos le pidió intervenir ante Vivanco para conseguir que el fallo se emitiera antes del 1 de marzo de 2023. También reconoció que el abogado le ofreció una recompensa económica si la gestión resultaba exitosa.
Migueles relató que transmitió la petición a su entonces pareja y que ella respondió que intentaría ayudar. Según su versión, Lagos recibiría un premio si obtenía un resultado favorable dentro del plazo y compartiría parte de ese dinero con él. A ese ofrecimiento atribuyó el posterior depósito de los $13 millones.
DEL FALLO INMOBILIARIO A LA INVESTIGACIÓN PENAL
La causa judicial llegó a la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde Vivanco tuvo una participación relevante en la resolución que permitió avanzar al proyecto de Fundamenta.
Los antecedentes publicados por CIPER en 2025 dieron origen a esta arista. De acuerdo con esa investigación, los registros de la sociedad de los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber consignaban pagos de la inmobiliaria por más de $600 millones. Entre las gestiones descritas figuraba apartar del caso al entonces ministro Sergio Muñoz, lo que permitiría que Vivanco presidiera la sala.
Posteriormente, el Ministerio Público detectó el ingreso de los $13 millones a las cuentas de Migueles, poco después del fallo. Según los antecedentes difundidos, un cliente de Lagos realizó la gestión bancaria del depósito.
La declaración de Migueles aporta así una explicación sobre el origen y el propósito de ese dinero, cuya eventual relación delictiva con la actuación judicial deberá discutirse en el proceso.
LA SOLICITUD SE CONCENTRA EN TRES INVESTIGADOS
La petición de formalización comprende a Vivanco, Migueles y Lagos. No incluye, por estos hechos, a Vargas, Silber ni a Simpértigue, quien también concurrió con su voto a la resolución que destrabó el proyecto.
Entre los antecedentes conocidos figuran pagos de Vargas por pasajes de un crucero para Simpértigue y su esposa, Gilda Miranda. El viaje, en el que también participaron abogados vinculados al caso y sus parejas, comenzó días después de que el fallo quedara firme.
La información disponible no detalla por qué la fiscalía circunscribió esta solicitud a tres personas. Las defensas de Lagos y Migueles declinaron entregar una respuesta al medio, argumentando que aún desconocían los hechos específicos que se imputarían a sus representados.
El próximo 12 de noviembre, el Ministerio Público comunicará formalmente esas imputaciones, en una audiencia que abrirá otra etapa de la investigación sobre las gestiones y los pagos asociados al caso Fundamenta.
