El Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condena, en medio de la controversia por los beneficios concedidos a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La decisión busca abrir paso a cambios legislativos que impidan que estos casos continúen accediendo a reducciones de pena.
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A través de un comunicado, la cartera informó que impulsará y dará urgencia a distintas iniciativas legales para modificar las condiciones de acceso a estos beneficios. Según explicó el Gobierno, una revisión de la normativa permitió detectar un vacío legal respecto de las restricciones aplicables a personas condenadas antes de 2022.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que la tramitación permanecerá suspendida mientras avanzan las propuestas legislativas, con el objetivo de resolver las dudas sobre la aplicación de la normativa y entregar mayor certeza a la ciudadanía.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló el secretario de Estado.
Gobierno prepara cambios al procedimiento de rebaja de condena
Entre las medidas anunciadas figura un proyecto de ley para modificar el procedimiento que permite acceder a la reducción de condena por conducta intachable. La iniciativa también buscará revisar las causales de exclusión, establecer reglas claras sobre los requisitos exigibles a los postulantes e incorporar garantías para que las víctimas puedan ser oídas.
El Ministerio de Justicia adelantó, además, que presentará indicaciones y otras iniciativas destinadas a restringir el acceso a estos beneficios penitenciarios.
En paralelo, el Ejecutivo respaldará el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, actualmente en trámite en el Senado. La propuesta contempla que las solicitudes de rebaja de condena establecidas en la Ley N.º 19.856, junto con las de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, sean resueltas por jueces.
De aprobarse, estas decisiones dejarían de estar en manos de las comisiones especiales que actualmente contempla la legislación y pasarían a los tribunales de justicia.
Rebaja de condena desata cuestionamientos al Gobierno
La suspensión de los decretos se produce tras varios días de críticas por la reducción de penas concedida a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. El caso se conoció el miércoles 21 de octubre, luego de una publicación del medio Interferencia.
La controversia provocó cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo, con el ministro Rabat en el centro de las críticas por la gestión de estos decretos.
El jueves, en una entrevista con Meganoticias, el titular de Justicia afirmó que el Presidente José Antonio Kast no estaba al tanto de la firma de los documentos. También sostuvo que la mayoría de las personas que habrían obtenido la rebaja de condena ya estarían fuera de las cárceles.
Con la suspensión de la tramitación y el impulso de nuevas iniciativas legales, el Gobierno busca modificar las reglas que regulan estos beneficios y establecer restricciones para personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
