El Presidente José Antonio Kast se reunió este viernes con los dirigentes del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Cristiano de Chile para abordar la polémica por la rebaja de condenas concedida a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Tras el encuentro, los representantes del oficialismo respaldaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y plantearon que la salida al conflicto pasa por modificar la legislación.
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El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que la firma de los decretos por parte del secretario de Estado respondió a una obligación legal y no a una decisión discrecional sobre quiénes debían recibir el beneficio.
“Como todo acto administrativo, el último paso, por supuesto, para ejecutarlo, que no es que pueda decidirse hacerlo o no, en este caso es la firma de un decreto y eso es lo que hizo”, afirmó.
Squella explicó que las solicitudes son evaluadas por una comisión y que la firma ministerial permite formalizar lo resuelto. En ese contexto, cuestionó las críticas dirigidas a Rabat y rechazó los llamados a presentar una acusación constitucional en su contra.
A juicio del dirigente republicano, sería contradictorio responsabilizar al ministro por cumplir una obligación establecida en la normativa. Por ello, defendió la necesidad de corregir las disposiciones legales que han permitido interpretaciones judiciales distintas de las que, según el oficialismo, buscaba establecer la reforma de 2022.
Oficialismo busca cerrar el paso a la rebaja de condenas
Squella afirmó que los partidos oficialistas impulsarán cambios para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes accedan a estos beneficios. También planteó revisar otros aspectos relacionados con las medidas penitenciarias.
En esa misma línea, el ministro Fernando Rabat anunció este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condenas, junto con una serie de iniciativas legislativas destinadas a restringir el acceso a estos beneficios.
La decisión se produce en medio de los cuestionamientos por las reducciones de penas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y de la discusión sobre el alcance de las restricciones incorporadas en la legislación.
Ramírez apunta a la ley y a la interpretación de los tribunales
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también defendió la actuación de Rabat y sostuvo que existe acuerdo en el oficialismo respecto de que las personas condenadas por delitos sexuales contra menores no deberían acceder a beneficios que les permitan abandonar la cárcel antes de cumplir sus penas.
Sin embargo, atribuyó el problema a dos factores: la falta de precisión de la normativa y la interpretación que han realizado los tribunales de justicia.
“La primera responsabilidad es de la ley que no fue lo suficientemente clara. La segunda responsabilidad es de los tribunales de justicia que han interpretado la ley como una ley que no se puede aplicar hacia atrás en este caso y por lo tanto nosotros creemos que la solución a este problema pasa por cambiar la ley”, señaló.
Ramírez pidió al Gobierno dar discusión inmediata a un proyecto que establezca expresamente que estos beneficios no pueden concederse a condenados por delitos sexuales contra menores, sin importar cuándo ocurrieron los hechos.
“Este gobierno va a resolver el problema presentando un proyecto de ley que impida que esto se vuelva a repetir”, aseguró. Además, descartó que la controversia justifique la salida de Rabat y destacó su trabajo y disposición al diálogo.
“El ministro Rabat es un hombre íntegro, es un hombre inteligente, ha abierto al diálogo y que ha logrado grandes resultados en el Congreso”, sostuvo.
Partidos oficialistas plantean alianza contra el crimen organizado
Durante la reunión con Kast, Ramírez también señaló que los presidentes de los partidos oficialistas plantearon la conveniencia de que Chile se incorpore a una alianza internacional contra el crimen organizado, luego de que surgieran versiones sobre eventuales reparos del Ejecutivo a la iniciativa.
El dirigente de la UDI defendió la cooperación internacional como una herramienta para mejorar la coordinación policial y enfrentar delitos como el narcotráfico y el crimen transfronterizo.
