“Me parece que el ministro (de Justicia, Fernando) Rabat, y lo ha entendido así también, tiene que fortalecer el equipo del punto de vista político para que este tipo de hechos no ocurra nuevamente”, afirmó el senador Andrés Longton (RN) a propósito de la controversia por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
A pesar de la gravedad del hecho, respaldó la continuidad del secretario de Estado y, consultado específicamente si alguna vez consideró que debía abandonar el ministerio, respondió: “No, para mí no, de ningún modo”.
En entrevista con radio Pauta se desmarcó así de los dichos de su colega Rojo Edwards, quien sostuvo que el titular de Justicia debía asumir de ese modo el costo político de las rebajas de condena a pedófilos.
Lea también: Alvarado explica la caída en las encuestas y defiende el «bencinazo»
En cambio, Longton destacó el trabajo de Rabat en la agenda de seguridad y su relación con el Congreso.
Eso sí, advirtió que algunas carteras necesitan reforzar su asesoría política.
Respecto de la eventual acusación constitucional impulsada por sectores de oposición, estimó que la presión podría disminuir cuando se conozcan las medidas y proyectos que prepara el Gobierno.
«DEFICIENCIAS POLÍTICAS»
Longton valoró que el presidente José Antonio Kast reconociera un error en este caso y, a su juicio, asumir los costos ante la ciudadanía fue una buena señal.
El parlamentario de Renovación Nacional agregó también que, en este caso, hubo “más que errores jurídicos, deficiencias políticas” en la toma de decisiones.
Admitió que dejar sin efecto los beneficios ya concedidos no es sencillo, aunque planteó que existe “una pequeña ventana” mediante una ley interpretativa de la norma que regula las rebajas de condena.
Respecto de quienes ya recuperaron la libertad, afirmó que “se podría alegar la invalidación”, aunque no aseguró que esa vía permita revertir los decretos.
El senador también cuestionó la interpretación del exministro de Justicia Hernán Larraín sobre la aplicación de la ley. Afirmó que una declaración durante la discusión legislativa queda registrada en la historia de la norma, pero no equivale a que su alcance esté expresamente establecido en el texto legal.
