El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió a la pregunta directa de si su permanencia en el gabinete tras la polémica por la rebaja de penas a 56 pedófilos es una suerte de piedra en el zapato para el gobierno.
“Yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República, habiendo ratificado a este ministro de Justicia. Muchas gracias”, respondió, dando por concluida su intervención en una conversación con la prensa en la sede de la cartera que encabeza.
Durante los siete minutos que estuvo presente expuso varios puntos relaciondos con el tema en comento.
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«Hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condenas, en el cual no es el ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud», aseguró.
«Para eso hay un consejo integrado por ministros de Cortes de Apelaciones, por jueces y también por psicólogos y asistentes sociales, quienes son precisamente los llamados por la ley a analizar estas situaciones”, agregó.
“El rol que le corresponde al ministerio de Justicia luego es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades. Por lo tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos”, aseguró.
UN RIESGO «SIEMPRE LATENTE»
Afirmó también que el Ejecutivo trabaja en una propuesta para modificar la distribución de competencias establecida en la normativa vigente, con el objetivo de reforzar la consideración de los antecedentes entregados por Gendarmería.
“Es importante cuáles son las competencias de los funcionarios públicos. El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista”, justificó.
Destacó en ese sentido que “lo que pedimos o establecemos a través de esa norma es que el informe de Gendarmería sea un antecedente calificado al momento de que la comisión adopte la decisión respectiva”.
Respecto de la información de radio Bío Bío en torno a que varios de los beneficiados por las rebajas en sus penas presentarían un alto riesgo de reincidencia, Rabat sostuvo que «ese riesgo siempre ha estado latente y es por eso que se establece una comisión, especialista con psicólogo y asistentes sociales para que analicen esa situación».
ACOMPAÑAMINETO DE VÍCTIMAS
El ministro aseguró que el gobierno está coordinando acciones con distintas instituciones y autoridades para abordar las consecuencias de la acción de la cartera y reforzar el apoyo a las víctimas y sus familias.
“Estamos preocupados y es por eso que el día de ayer en la tarde, por ejemplo, conversé con el defensor de la Niñez para coordinarnos y trabajar en conjunto. También ayer tuvimos una reunión con el programa de atención de víctimas”, dwetalló Rabat.
Rabat agregó que también conversó específicamente con otra integrante del gabinete, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para reforzar la atención a las víctimas desde esa cartera. A estas gestiones se suman las reuniones coordinadas por el subsecretario de Derechos Humanos con distintas fundaciones y corporaciones.
“Estamos abordando el problema en su generalidad, en su totalidad, para tener cubierta una situación que es la solución, pero también la preocupación por las víctimas”, afirmó.
CONDENADOS POR DD.HH.
El titular de Justicia también fue consultado por los decretos relacionados con beneficios o rebajas de condenas para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, afirmó que este tipo de medidas se han otorgado durante las últimas dos décadas y aseguró que no se trata de una práctica introducida por la actual administración.
“Lo importante en esa materia es entender que en 20 años se han otorgado beneficios o rebajas a más de 40 personas por hechos ocurridos en 1973 y, por lo tanto, no es una materia en la cual haya innovado este ministerio”, señaló.
En relación con los recursos judiciales vinculados a estos casos, Rabat indicó que algunos de los beneficiados han recurrido de amparo, mientras que en otros casos no se han presentado estas acciones. Según precisó, esta última situación corresponde a la mayoría de ellos.
